Washington – Críticos y partidarios de las políticas del presidente Donald Trump sobre migración dieron este miércoles sus testimonios ante un subcomité del Congreso, y aunque fueron divergentes todos coincidieron en la necesidad de una reforma profunda del sistema migratorio.
«Por décadas y bajo diferentes administraciones la Oficina de Revisión de Inmigración (EOIR, en inglés) y los tribunales de inmigración han tenido financiación inadecuada y han sufrido la carencia de guía y supervisión apropiadas», dijo Andrew Arthur, del Centro para Estudios de Inmigración (CIS) ante el Subcomité de Imigración y Ciudadanía de la Cámara de Representantes.
En el período fiscal 2019, que concluyó en septiembre pasado, las autoridades detuvieron a 851.508 migrantes que cruzaron ilegalmente la frontera sur, la cifra más alta en 13 años, y 473.682 de ellos fueron adultos con niños, o unidades familiares, añadió Arthur, un experto del centro que aboga por políticas de inmigración más restrictivas.
Los casos de inmigrantes acompañados por menores de edad «son más complicados y han causado un atascamiento de expedientes en los tribunales con una acumulación de más de un millón de casos pendientes», añadió. «El gobierno y, en particular el Departamento de Justicia, ha respondido a esa crisis mientras que el Congreso no lo ha hecho».
Por su parte Ashley Tabbador, presidente de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (AILA, en inglés), dijo que hay una necesidad «urgente de crear un sistema independiente de tribunales de inmigración, libre de influencias inapropiadas sobre las decisiones de los jueces».
«En los 37 años desde la creación de EOIR, las intromisiones políticas de gobiernos anteriores empalidecen en comparación con el asalto sistemático y deliberado a la independencia judicial que los tribunales de inmigración han sufrido en los últimos tres años debido a las prioridades del Poder Ejecutivo», agregó Tabbador.
Judy Perry Martínez, presidente del Colegio de Abogados de EE.UU. (ABA), argumentó que «una de las maneras más ubicuas en la cual la independencia judicial ha sido socavada es la dirección siempre cambiante del Poder Ejecutivo».
«Cada Administración ha usado los tribunales como una extensión de los mecanismos policiales de la inmigración ajustando las prioridades a la agenda que prevalece en cada ocasión», agregó.
Jeremy McKinney, vicepresidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), sostuvo que la Administración Trump «ha tomado una serie de medidas particularmente hostiles a la adjudicación independiente de los casos».
Esas medidas, según McKinney, «van desde la alteración sustantiva de decisiones judiciales a requisitos de procedimiento que fuerzan a los jueces a dar dictámenes que aceleran de manera que no es razonable los casos en detrimento del proceso debido y el imperio de la ley».
