Los Ángeles – Como una «olla de presión que va a estallar» califican los defensores de los inmigrantes la emergencia de salud que enfrenta el Gobierno del presidente Donald Trump si el COVID-19 llega a los centros de detención de indocumentados, de por sí ya con denuncias sobre pobre atención médica.
«Tienen que liberar a los detenidos, es una olla de presión que va a estallar, y va a dejar muertos», dijo a Efe Marú Mora Villalpando, fundadora del grupo la Resistencia, que aboga por el cierre del centro de detención para inmigrantes (NWDC) en Tacoma, estado de Washington.
La preocupación por el posible contagio de coronavirus en los centros de detención de indocumentados se inicia en las familias de los inmigrantes.
Con voz quebrada por el llanto, la mexicana Sandra López dijo a Efe que «ya no sabe qué hacer».
LLUEVE SOBRE MOJADO
El esposo de López, José Sánchez, se encuentra detenido desde agosto de 2018 en el NWDC en Tacoma. El mexicano terminó en la cárcel después de ser arrestado tras cometer una violación de tránsito.
Sánchez, oriundo de Ciudad de México, sufre diabetes, y López asegura que la salud del inmigrante se ha ido deteriorando. «Él dice que le están dando algunas medicinas, pero que no se siente muy bien y que tiene otras molestias de salud pero no lo atienden», explica.
La última vez que lo vio fue hace tres semanas. «Estaba muy flaco, y está como deprimido por lo que pasa conmigo y mis cuatro hijos, y también está asustado por lo que está pasando con eso del virus», indica López.
La mayor preocupación de la mexicana en este momento es que la cancelación de visitas en los centros de detención y la dificultad para comunicarse con su familia puedan afectar la salud de su esposo aun más.
Mora Villalpando asegura que su organización y otros grupos han registrado una baja en el numero de llamadas de detenidos hacia el exterior durante esta emergencia.
En el caso de López, al aislamiento se suma que el hecho de que ella debe asumir todas las cuentas para cuidar a cuatro hijos. El menor de ocho años tiene necesidades especiales, y ella no ha podido abastecer su despensa ni con los elementos básicos.
Pero su trabajo limpiando casas está en riesgo por la extensión de contagios en el estado que está por llegar a los 1.000, mientras los decesos llegaron a 51.
El número de casos en el condado de Pierce, en el que Sánchez vive y donde está ubicado el centro de detención de Tacoma, este martes ronda los 45. El vecino condado de King suma 488 y Snohomish, 266.
«Tarde que temprano va a llegar a los detenidos de Tacoma», prevé Mora Villalpando.
ESCASEZ DE COMIDA Y MUCHOS QUÍMICOS
El escenario es casi el mismo en los centros de detención de inmigrantes en California.
La activista Kimberly Galindo, de Inland Coalition for Immigrant Justice, ha estado vigilante sobre la situación que enfrentan los detenidos en Adelanto, California, otro centro que ha estado en la mira de los defensores de los inmigrantes por quejas en la atención médica que prestan.
«Me dijeron que están viendo escasez de comida, falta de pan», dijo Galindo a Efe.
Sobre la limpieza, la mayor queja de los inmigrantes es que se están haciendo desinfecciones con fuertes químicos pero que, al no existir ventilación, el olor ha provocado dolor de cabeza y náuseas a algunos de los detenidos.
«De nada sirve toda esta higiene si los guardias están saliendo al exterior y pueden traer el virus a estas comunidades», insiste Galindo.
Los problemas para poder ser atendido por un médico persisten, añade la activista.
ACCIONES LEGALES Y LLAMADOS DIRECTOS A FUNCIONARIOS
El riesgo sobre la propagación del virus orilló a docenas de organizaciones, encabezadas por Southern Poverty Law Center (SPLC), a urgir este martes a las autoridades federales y los Gobiernos de Mississippi, Louisiana y Florida a que garanticen la salud y la seguridad de las personas.
«Están alojados en espacios cerrados y a menudo tienen problemas de salud. Sin la participación activa de quienes administran la instalación, tienen poca capacidad de aprender sobre las crisis de salud pública en curso o de tomar las medidas preventivas necesarias si logran aprender de ellas», dice la misiva enviada hoy.
Este lunes, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Northwest Immigrant Rights Project (NWIRP) presentaron una demanda en nombre de nueve inmigrantes de alto riesgo de muerte que se encuentran en el centro de detención de Tacoma.
La acción legal exige la liberación de inmigrantes como Norma López Núñez, una ciudadana de México detenida que tiene 65 años y sufre de hipertensión y enfermedad cardíaca.
El salvadoreño Kelvin Melgar Alas también hace parte de la demanda. El inmigrante, que está confinado en una silla de ruedas desde 1995, está detenido en el NWDC desde julio de 2018, requiere una bolsa de colostomía y un catéter, y ha sido transferido al hospital múltiples veces por neumonía.
«Si esperan reaccionar ante los peores escenarios una vez que se afianzan, ya será demasiado tarde», advirtió Matt Adams, director legal de NWIRP.
