Nueva York – Varias ONG y concejales de la ciudad de Nueva York han denunciado este martes que las autoridades federales y locales están ninguneando a los trabajadores del día a día e inmigrantes indocumentados, y han solicitado incentivos económicos y que sean provistos con material de protección contra la COVID-19.
«Como jornaleros y trabajadores inmigrantes en la ciudad de Nueva York, que garantizan que nuestra ciudad continúe operando de manera segura en medio de la crisis de COVID-19 (…), estos trabajadores y sus familias están siendo dejados aparte una vez más», aseguran en un comunicado firmado por las plataformas Worker’s Justice Project (WJP) y Day Labor Workforce Initiative (DLWI).
Las organizaciones sostienen que los inmigrantes de Nueva York constituyen «casi la mitad» de la mano de obra de la ciudad y están sufriendo el mayor índice de desempleo.
Asimismo, subrayan que 70 % de los trabajadores indocumentados ofrecen servicios esenciales de limpieza y de envío de comida a los hogares.
«Brindar apoyo económico a estos trabajadores asegurará que nuestras comunidades no vayan a ser devastadas por esta crisis y que la recuperación económica de toda la ciudad sea más rápida», dicen.
Sus reivindicaciones han sido recogidas por los concejales neoyorquinos Carlos Menchaca, Carlina Rivera y Debi Rose.
«Los jornaleros y los trabajadores inmigrantes ponen su seguridad en riesgo al trabajar para asegurar que nuestros lugares de trabajo y casas estén limpias y desinfectadas, que nuestra comida llegue a la casa y que los servicios esenciales siguan siendo garantizados a quienes lo necesitan», dice la nota, que incide en las dificultades que están sufriendo estos trabajadores.
Por todo ello, solicitan al estado y a la ciudad de Nueva York que ofrezca incentivos directos a las personas de este colectivo que no puedan acceder a los servicios oficiales como a la ayuda por desempleo y que se garantice «el apoyo y la protección de los jornaleros y otros trabajadores de primera línea, el pago de peligrosidad, así como la protección ante el robo de salarios y otras formas de abuso laboral».
