Un agente de la patrulla fronteriza estadounidense habla a un grupo de jóvenes migrantes centroamericanos tras ser detenidos en los margenes del Rio Bravo, en la fronteriza Ciudad Juárez (México), el jueves 15 de agosto de 2019. EFE/Rey R. Jauregui/Archivo

Washington – Un tribunal federal rechazó este martes una demanda de abogados de inmigrantes que habían pedido una orden de suspensión de las prácticas de las autoridades de inmigración que pueden aumentar los riesgos de contagio durante la pandemia de COVID-19.

La Asociación de Abogados de Inmigración, el Consejo Americano de Inmigración y el Colegio Nacional de Abogados habían pedido al Tribuna Federal del Distrito de Columbia que ordenara la suspensión de las audiencias en las cuales deben presentarse personalmente los inmigrantes detenidos.

Asimismo habían solicitado que las autoridades de migración proporcionaran alternativas para las personas detenidas que deseen concurrir a sus audiencias mientras dure la pandemia.

El Gobierno del presidente Donald Trump mantiene unos 32.000 inmigrantes detenidos en diversas instalaciones del país donde, según los abogados, las personas están hacinadas y en condiciones de higiene precarias.

En su gran mayoría esas personas no han sido condenadas por crímenes y en el pasado la práctica era dejarlas en libertad vigilada hasta la fecha de su audiencia ante los tribunales de inmigración.

Otra demanda al tribunal federal fue la provisión de comunicaciones seguras y confiables, pero a distancia, entre los extranjeros detenidos y sus representantes legales. Los abogados habían solicitado que tanto a los detenidos como a sus abogados se les suministraran equipos de protección personal para los encuentros cara a cara.

«Como alternativa, ordénese la liberación de los inmigrantes detenidos que tengan acceso inadecuado a medios de comunicación remota con sus representantes legales o con el tribunal de migración», señalaba la demanda.

En su dictamen de 27 páginas el juez federal Carl Nichols sostuvo que no aceptaba que los argumentos sobre los riesgos para la salud fueran decisivos en favor de la orden que pedían los demandantes.

«Es casi innecesario decir, por supuesto, que la promoción de la salud pública, especialmente durante una pandemia, contribuye al interés público», escribió Nichols. «Pero el Gobierno ya ha cambiado sus políticas en un intento por minimizar cualquier daño para los demandantes y otras personas en el sistema de inmigración, y hace determinaciones diarias, caso por caso, acerca de los asuntos de salud y seguridad».

En una declaración el American Immigration Council calificó de «profundamente decepcionante» el fallo del tribunal federal.

«Continuaremos trabajando vigorosamente en todas las opciones para detener esas prácticas peligrosas y asegurar que la Oficina Ejecutiva de Revisión de casos de Inmigración (EOIR), y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) respondan a la pandemia de COVID-19 atendiendo las necesidades de los detenidos, sus abogados, el personal de tribunales y las comunidades», añadió la declaración.