Tegucigalpa – Los primeros cinco meses de pandemia de COVID-19 en Honduras han transcurrido entre el dolor por los miles de muertos y contagios, un severo daño a su economía, mal manejo de la crisis y denuncias de presunta corrupción en la compra de hospitales móviles y otros requerimientos, entre otros males.
El panorama que se vislumbra para el país, de 9,3 millones de habitantes, de los que más del 60 % son pobres, es incierto y muy preocupante, no solo por los más de 1.500 muertos y cerca de 50.000 contagiados, sino también por el duro golpe a su frágil economía, a la que la pandemia ha puesto de rodillas.
CIERRE DE EMPRESAS Y PÉRDIDA DE EMPLEOS
En lo económico, centenares de micros, pequeños, medianos y grandes empresarios han sido asfixiados por la pandemia, que obligó al Gobierno que preside Juan Orlando Hernández a decretar el 12 de marzo un toque de queda, que se ha venido prolongando, sin que se conozca cuándo finalizará, mientras algunos negocios agonizan.
Según fuentes privadas, la pandemia ha dejado alrededor de 500.000 nuevos desempleados, afectando en mayor grado al sector de la economía informal, que clama por ayuda y una apertura económica más amplia para intentar recuperarse.
Con la crisis también han surgido más pobres, con hombres, mujeres y niños, incluso ancianos, que a diario deambulan en las principales ciudades pidiendo dinero o comida, algunos en tono amenazante, infundiendo miedo a quienes circulan en vehículos.
Las empresas que han cerrado o despedido personal son de todo tipo, sin que se perciba a corto o mediano plazo si podrán levantarse con el proceso gradual de la recuperación económica, al que se volvió el 29 de julio, luego de un fallido intento en junio porque muchos no cumplieron con los protocolos sanitarios.
En el sector turístico, por ejemplo, han permanecido cerrados restaurantes, bares y hoteles, entre otros negocios.
Entre los hoteles que han cerrado figuran el Honduras Maya, uno de los mejores del país, que abrió sus puertas hace 50 años en Tegucigalpa, lo mismo que los de las cadenas Clarion y Marriot.
Se suma el Villas Telamar, un complejo a orilla de la playa en la caribeña ciudad de Tela, inaugurado hace unos 40 años y que tenía unos de 600 empleados que han quedado sin trabajo.
El transporte terrestre, urbano e interurbano, igual que el aéreo, nacional e internacional, también han estado paralizados por la COVID-19, que ha golpeado a todos los sectores productivos y hondureños en general.
RETROCESO ECONÓMICO SUPERA EL 9 %, SEGÚN EMPRESARIO
El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Pedro Barquero, dijo a Efe que hay «un retroceso de la actividad económica de más del 9 % y se han perdido entre 400.000 y 500.000 puestos de trabajo».
«Nosotros estamos conscientes de que la prioridad número uno es cuidar la salud de los hondureños, pero también es necesario comenzar a trabajar para evitar que muchas más personas lleguen a engrosar las filas de la pobreza», enfatizó Barquero sobre el nuevo intento para reactivar la economía del país.
El líder empresarial del departamento de Cortés, región norte de Honduras, la de mayor crecimiento comercial e industrial, lamentó que, por incumplimiento de medidas sanitarias, la reactivación económica no haya arrancado en junio, en plena pandemia.
En su opinión, la empresa privada está haciendo lo suyo a favor de los empleados y su salud, y la protección de sus clientes, pero el Gobierno también debe darle todo lo que requieren en materia de bioseguridad a los médicos, enfermeras y demás personal sanitario, además de garantizar medicinas, más pruebas de COVID-19 y centros de triaje para aliviar la carga de los hospitales públicos.
En lo personal, añadió Barquero, cada ciudadano también debe cumplir con las medidas de protección para no contraer la COVID-19.
PRESUNTA CORRUPCIÓN SALPICA COMPRAS
Para empeorar la tragedia que vive Honduras con la COVID-19, que se suma a las crisis políticas de 2009 y 2017, cuyas heridas siguen abiertas, organizaciones de la sociedad civil han denunciado a mitad de la pandemia presuntos actos de corrupción en la compra de fármacos, material médico, equipo y siete hospitales móviles.
Los siete hospitales fueron comprados en Turquía a un coste que ronda los 48 millones de dólares, por Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H, estatal), pero de ellos solo han llegado dos, el 10 de julio, sin que hasta ahora estén funcionando, en parte por la demora en sacarlos de aduanas por inconsistencias en sus facturas.
El Ministerio Público ha abierto 16 líneas de investigación a Invest-H, que no ha sabido explicar, entre otras irregularidades, por qué piezas del equipo de los dos hospitales móviles que llegaron están usadas o vencidas desde 2016.
Los señalamientos sobre supuesta corrupción en las compras para atender la pandemia subieron de tono el lunes, cuando Invest-H reconoció que 250.000 pruebas de COVID-19 compradas en Corea del Sur, en abril, se han echado a perder por mal manejo de la temperatura.
De no haberse echado a perder las 250.000 pruebas, quizá el Laboratorio Nacional de Virología estuviera recogiendo entre 2.000 y 3.000 muestras PCR que a diario se requieren para que los médicos tengan una mayor idea sobre la expansión de la pandemia.
El comisionado presidencial ante la pandemia, Lisandro Rosales, quien además es el canciller de Honduras, dijo a Efe en la víspera que si hubo o no sobrevaloración al comprar los siete hospitales, de los que los cinco restantes estarían llegando hacia finales de septiembre, los entes contralores del Estado y el Ministerio Público deben rendir «un informe al terminar sus investigaciones».
La cabeza visible de Invest-H, hacia la que apuntan más las acusaciones de corrupción, es Marco Bográn, quien en junio fue separado de la institución y aduce que no ha cometido delito.
Mientras la pandemia de COVID-19 se sigue expandiendo entre la conmoción de un pueblo sufrido, también crece entre sectores de la sociedad civil, en redes sociales y vías públicas, como bulevares, la pregunta en letras grandes: «Dónde está el dinero? Honduras lo exige», además de demandar que se investigue la presunta corrupción denunciada durante la crisis sanitaria y castigo a los culpables.
La corrupción en el país es un grave flagelo al que sectores como la Iglesia católica le atribuyen la pobreza que afecta a más del 60 % de los hondureños.
Ese flagelo ha salpicado a casi todos los Gobiernos en la historia de Honduras, a nivel de los tres poderes del Estado, desde los que, en gran medida, se ha fomentado la corrupción y la impunidad a través de leyes aprobadas por los políticos.
La corrupción y la impunidad son como dos caras de una misma moneda, con carta de ciudadanía, otorgada por decreto en Honduras, donde quizá, por eso, para algunos hondureños, con las excepciones del caso, decir «políticos corruptos», es redundancia.
