Los Ángeles – Un tribunal de apelaciones respaldó este lunes a la Administración del presidente, Donald Trump, para que termine con el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para inmigrantes de El Salvador, Nicaragua, Sudán y Haití.
El fallo judicial de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU., al que tuvo acceso Efe, pone en riesgo de deportación a unos 300.000 salvadoreños, 5.000 nicaragüenses, 1.000 sudaneses y 58.000 haitianos que hasta ahora estaban amparados por esa protección migratoria con la que Estados Unidos concede permisos de forma extraordinaria a ciudadanos de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.
«El panel anuló una orden judicial preliminar que prohibía la implementación de decisiones de rescisión del TPS de Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador», señalaron los tres jueces del tribunal con sede en Pasadena, en California.
En ese documento, los magistrados descartaron que detrás de la decisión del Gobierno de Trump de acabar con esas protecciones existiera discriminación racial, uno de los argumentos de la parte denunciante, y aseguraron que los demandantes «no presentaron ni siquiera argumentos serios sobre su reclamo».
A falta de confirmación oficial, se espera que extranjeros protegidos por el TPS y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes impugnen esta decisión.
De hecho, grupos como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) y CASA Maryland expresaron su rechazo al fallo poco después de que se hiciera público.
«Si la decisión se mantiene, estos residentes legales desde hace mucho tiempo que fueron bienvenidos a EE.UU. porque sus países estaban sumidos en la violencia o los desastres naturales podrían ser deportados, dividiendo a cientos de miles de familias estadounidenses», denunció la ACLU en un comunicado.
Por su parte, una activista salvadoreña beneficiada por el TPS y miembro del grupo CASA Maryland, Elsy Alfaro, dijo estar «devastada» por el fallo judicial, aunque aseguró que «las motivaciones racistas de Trump no ganarán esta partida».
Además, instó al Congreso federal a actuar para protegerla a ella y a todos los amparados por el TPS que viven «en la incertidumbre porque su situación legal está en debate».
El Salvador fue incluido en este programa en 2001, Nicaragua en 1999, Sudán en 1997 y Haití en el año 2010. A estos países hay que sumar, entre otros, a Honduras.
