Denver (CO) – Durante los últimos años Elena mantuvo una vida productiva, trabajando durante el invierno en centros de esquí de Colorado y en el verano en la cosecha. Pero esa vida desapareció y ahora enfrenta, como millones de inmigrantes, una «creciente y significativa» inseguridad alimentaria o hambre debido a la pandemia de la covid-19.
Hasta justo antes del inicio de la pandemia, Elena (una inmigrante mexicana que prefirió dar solo ese nombre) y su esposo seguían la misma rutina anual de desplazarse a distintos lugares para encontrar trabajo temporal, y siempre lo encontraban. Su mayor preocupación era que sus hijos, nacidos en Estados Unidos, tuviesen una buena educación.
Pero luego llegó el coronavirus. Y más tarde el desempleo, los incendios forestales, una nueva oleada de la pandemia, la inestabilidad social y la incertidumbre política. Lo que no llegó fue la ayuda financiera y la protección permanente para evitar el desalojo de su vivienda.
“Pagamos impuestos, pero, como no tenemos seguro social no hemos recibido nada”, afirmó Elena, calificando la situación de “injusta” y afirmando que se siente “realmente preocupada” por su futuro y el de su familia.
Los trabajos en los centros de esquí prácticamente desaparecieron porque esos sitios operan con capacidad limitada y porque órdenes ejecutivas de la Administración del presidente Donald Trump limitan el acceso de inmigrantes a esos empleos.
Y los trabajos en los campos de Colorado se vieron afectados por la creciente mecanización, los históricos incendios forestales de 2020 y una inesperada helada a principios del verano.
En cuanto a los restaurantes, unos ocho millones de trabajadores de esos establecimientos en todo el país perdieron sus empleos debido a la pandemia, según la Asociación de Restaurantes de Estados Unidos.
Y millones de inmigrantes y personas de grupos minoritarios perdieron sus trabajos, viviendas y capacidad financiera, por lo que enfrentan “creciente y significativa” inseguridad alimentaria o hambre, según un reporte difundido este jueves por una alianza de las seis principales organizaciones benéficas de Chicago.
Por eso, para Elena, incluso pagar 380 dólares al mes para rentar una casa móvil ya resulta imposible, incluso si esa cifra es relativamente baja al compararla con una renta promedio de 1.600 dólares mensuales en Denver o más de 3.000 dólares en San Francisco.
Mientras antes de la pandemia ella donaba uvas, cerezas y duraznos a una despensa de alimentos local, ahora depende de esa despensa para alimentar a su familia.
DE MAL EN PEOR
“Son tiempos muy difíciles y vamos de mal en peor”, afirmó. Y aunque la llegada de Joe Biden a la Presidencia el próximo 20 de enero le da cierta esperanza, una solución no le resulta evidente.
Nuevas medidas implementadas esta semana en Aspen y otros centros de esquí redujeron al 50 % la capacidad de los hoteles de la zona y al 25 % las operaciones de los restaurantes, por lo que las posibilidades de que Elena o su esposo encuentren trabajo son ínfimas.
Además, lo que antes eran viviendas económicas para trabajadores temporales extranjeros en zonas cercanas a los centros de esquí se han transformado en costosas viviendas para residentes de tiempo completo en esas zonas. Solo en Aspen se vendieron casas por 2.600 millones de dólares en 2020.
Al otro lado del país, en la zona de Boston, las personas han comenzado a alejarse de esa ciudad precisamente por el alto costo de la vivienda, según un reporte difundido este miércoles por la Fundación Boston.
Una de las razones es la masiva salida de inmigrantes, que prefieren dejar Massachussets para buscar mejor suerte en estados “con mejor economía y viviendas más económicas”, dice el reporte, enumerando a Florida, California, Colorado, Texas Vermont, Virginia, Carolina del Norte y Arizona (en ese orden) como los destinos preferidos.
A la vez, según datos de la Oficina del Censo a octubre de 2020, unos 650.000 de los 10,5 millones de inmigrantes en California dejaron ese estado por la pandemia, el desempleo y el costo de las viviendas, y se trasladaron a lugares como zonas rurales de Colorado y Kansas, donde aún se consiguen viviendas a precios relativamente bajos.
AYUDA INSUFICIENTE
Pero la mudanza no resuelve los problemas de insuficiente ayuda gubernamental, mayor inseguridad alimentaria, desigualdades sociales agravadas por la pandemia y creciente desamparo.
Las respuestas al desamparo varían de jurisdicción en jurisdicción. Por ejemplo, la ciudad de Visalia (135.000 habitantes, en California) anunció este jueves que transformará un motel en “alojamiento permanente” para desamparados, muchos de ellos inmigrantes desempleados.
Y la ciudad de Denver (705.000 habitantes, con más de 100.000 inmigrantes, en Colorado) extendió “hasta el fin de la pandemia” los pagos a moteles para que reciban a personas en situación de calle.
Pero esa ayuda, aunque bienvenida para quienes la reciben, palidece al compararla con los 3,5 millones de niños de familias inmigrantes, 2,2 millones de ellos nacidos en Estados Unidos, que no recibieron ayuda alguna durante la pandemia porque alguno de sus padres carece de seguro social, según reportó el miércoles la organización The Progressive, dedicada a “paz, justicia social y el bien común”.
La misma fuente anticipa que la ayuda tampoco llegará como parte del paquete económico anunciado por Biden para su Administración, debido que la versión inicial de ese proyecto de ley excluye de los 2.000 dólares prometidos a quienes tienen un número de identificación de contribuyente impositivo (ITIN), pero no seguro social.
“Es injusto que los legisladores ignoren la difícil situación de los niños que crecen en familias con estatus migratorios mixtos y también es injusto excluir a sus padres que pagan impuestos”, dijo la doctora Sarah Horton, profesora de antropología de la Universidad de Denver, en una columna publicada este miércoles por The Progressive.
Pero más allá de los posibles cambios que la Administración Biden podría implementar, queda claro que cuatro años de políticas antiinmigración de Trump, sumados a casi un año de pandemia, han hecho que para muchos inmigrantes, sin importar su situación migratoria, quedarse en EE.UU. ya no sea opción.
Según un estudio publicado por la Universidad de California en Merced en diciembre pasado, 2,6 % de los casi 45 millones de inmigrantes en Estados Unidos (cerca de 1,1 millones) abandonaron el país en 2020, pese a la pandemia y las restricciones de viaje. El mismo estudio anticipa que, una vez que analicen los datos del censo, se descubrirá que millones más ya se fueron del país.
“Perdí todos mis trabajos. Los dos que siempre tenía. La gente que antes me llamaba para limpiar su negocio o su casa ahora tiene miedo de mí. ¿Para qué quedarme?”, concluyó Elena.
