Bogotá – Al menos unas 11.150 personas se han desplazado en Colombia en lo que va de este año por enfrentamientos entre grupos armados que se disputan los territorios, especialmente en el Pacífico, para dominar el narcotráfico y los cultivos ilícitos, informó este lunes la Defensoría del Pueblo.
Han sido «16 eventos de desplazamiento masivo intraurbano y 14 eventos de desplazamiento masivo rural, los cuales afectaron a un total de 4.062 familias -11.150 personas- de las cuales el 90 % pertenece a comunidades étnicas del Pacífico colombiano», dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, citado en un comunicado de su despacho.
El funcionario indicó que los hechos de violencia protagonizados por diferentes grupos armados ilegales son consecuencia de las disputas territoriales que suceden en las comunidades rurales indígenas, en comunidades negras y campesinas, así como en zonas urbanas, como en Buenaventura (suroeste).
«Son hechos que aterrorizan a la población con homicidios selectivos, reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, amenazas y señalamientos y, en general, prácticas de sometimiento y control poblacional», explicó Camargo.
BUSCAN CONTROLAR LOS CULTIVOS ILÍCITOS
Las disputas que han generado los desplazamientos son entre las disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Los Caparros «enfrentados por las zonas de cultivo, procesamiento y comercialización de droga, así como la captación ilícita de rentas provenientes de la minería ilegal y trata de personas».
Según la Defensoría, los escenarios de estas situaciones se multiplican en el país, participando diferentes grupos del crimen organizado bajo múltiples denominaciones que cambian según en el lugar en los que delinquen.
Como consecuencia de los choques armados a la «fecha han generado desplazamientos forzados, homicidios, masacres, confinamientos, asesinatos de líderes sociales, amenazas contra líderes indígenas, asesinatos de excombatientes, entre otros delitos, particularmente en el suroccidente del país, Catatumbo y la frontera colombo-venezolana».
Camargo reiteró el llamado a las autoridades para que adopten urgentemente medidas de disuasión y control de los factores de violencia y amenazas, que están atentando contra la población civil, ocasionando desplazamientos masivos.
También pidió brindar medidas de protección y mitigación del riesgo y la vulnerabilidad de las comunidades afectadas, por medio de acciones eficaces de prevención y protección que garanticen la atención integral de los derechos de la población, particularmente aquella en situación de desplazamiento y confinamiento.
Por último, solicitó atención humanitaria de emergencia y restitución de derechos para las comunidades desplazadas, por medio de un retorno a sus lugares de origen con suficientes garantías de seguridad.
