Los Ángeles – El Gobierno del presidente, Joe Biden, anunció este jueves el cierre de dos centros de detención de inmigrantes que están siendo investigados por supuestos maltratos, así como iniciar una revisión de las actuaciones en este tipo de instalaones en todo el país.
«No toleraremos el maltrato de personas detenidas y tampoco que vivan en condiciones deficientes», afirmó el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en un comunicado.
Mayorkas ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) que rescinda inmediatamente el contrato con los dos centros implicados, en los estados de Georgia y Massachusetts.
El titular de Seguridad Nacional afirmó que este es un «primer paso importante» para mejorar los centros en los que esperan a ser deportados aquellos inmigrantes que han cometido un delito o que han llegado al país de manera irregular.
Al respecto, aseguró que si las instalaciones de detención y el tratamiento de los inmigrantes no cumplen con los estándares adecuados de salud y seguridad, su departamento tomará decisiones como la de este jueves.
En concreto, Mayorkas puso fin a los contratos federales con la Oficina del Sheriff del condado de Bristol, en Massachusetts, y el centro de detención del condado de Irwin, en Georgia y donde decenas de indocumentadas denunciaron haber sido sometidas a cirugías ginecológicas innecesarias, incluidas esterilizaciones forzadas.
En este último caso, el cese de operaciones se hará realidad «lo antes posible», según el Departamento de Seguridad Nacional, porque el centro en sí está gestionado por un ente privado, a pesar de ser de propiedad pública.
En cuanto al centro de detención de Briston, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) había denunciado un incidente violento que resultó en la hospitalización de tres personas detenidas, así como la negación de alimentos y atención médica adecuados a los reclusos.
Mayorkas explicó también que los cierres de estos dos lugares incluirán la preservación de pruebas para las investigaciones federales en curso, la reubicación del personal de ICE si es necesario y el traslado de los arrestados «cuya detención sigue siendo necesaria para lograr nuestra misión de seguridad nacional, seguridad pública y seguridad fronteriza».
Naureen Shah, asesora principal de defensa y política de la ACLU, se congratuló con los pasos dados por el Gobierno para «romper de manera decisiva con los abusos de los derechos de los inmigrantes de administraciones anteriores», en unos hechos que, en su opinión, han «infligido traumas y daños profundos a cientos de miles» de indocumentados.
El número de personas deportadas desde Estados Unidos cayó a mínimos históricos durante el mes de abril, mes en el que expulsó a 2.962 personas, la primera vez desde que se recogen estadísticas en que esa cifra está por debajo de 3.000.
En comparación con marzo, el mes anterior, cuando hubo 3.716 deportaciones, la cifra cayó cerca de un 20 %.
Por contra, la cifra de personas bajo custodia de ICE sigue aumentando paulatinamente, después de que, debido a la pandemia, rondasen los 14.000 reclusos hasta mediados de abril, aunque actualmente son ya 20.430 los indocumentados.
