San Diego – La administración de Donald Trump cierra el año con la tarea pendiente de reunificar a decenas de los 2.816 niños que fueron separados de sus padres en la frontera, en medio de un alto en el proceso legal abierto por dicha separación debido al cierre parcial del Gobierno.
El juez Dana Sabraw, quien preside en una corte de California el litigio colectivo en nombre de las familias afectadas, accedió hoy a una petición de los abogados del Departamento de Justicia para aplazar los plazos relacionados con el caso «hasta nuevo aviso».
La entrega por parte del Gobierno de los reportes sobre el avance del proceso de reunificación familiar, que normalmente se presentaban cada dos semanas, también quedó aplazada hasta que se resuelva el tema presupuestario en el Congreso.
«Los abogados del Departamento de Justicia tienen prohibido trabajar, inclusive de forma voluntaria», recalcó el equipo legal de la administración federal bajo el compromiso de notificar a la corte cuando se reinstalen los fondos.
Al respecto, Pedro Ríos, director del Comité de Amigos Americanos en San Diego, lamentó que el cierre derivado de «un capricho de Trump», dado la insistencia de obtener financiamiento para el muro fronterizo, tenga impacto en este proceso.
«Es el colmo que bajo estas circunstancias tampoco trabajen los abogados para buscar cómo reunificar a los menores, y para mí esto representa que por un capricho de Donald Trump salen afectadas estas personas que siguen separadas de sus padres», comentó a Efe.
La Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) mantiene bajo su cuidado en espera de reunificación a 10 menores de edad, dos de ellos con padres que ya no se encuentran en el país.
Sin embargo, también tiene la custodia de 151 niños, cuyos padres no forman parte de la demanda colectiva y que serían entregados a otro familiar o tutor, según un reporte presentado en la corte del sur de California.
De dicho grupo, los progenitores de 84 niños fueron deportados a su país de origen y han notificado al gobierno de Estados Unidos que renuncian a su derecho de reunificación. Otros once padres han hecho lo mismo, aunque éstos sí se encuentran en el país.
En el caso de 28 niños se encontró que no fueron separados de sus padres por agentes migratorios y los otros 28 menores son de padres que fueron catalogados como un riesgo para su bienestar.
La implementación de la política de «tolerancia cero» contra la inmigración irregular derivó en la separación de miles de familias que llegaron a la frontera sur, principalmente en búsqueda de asilo político.
A finales de junio, el juez Sabraw ordenó la reunificación de todos los menores que se vieron afectados por esta medida que calificó de «brutal, ofensiva y no concordante con las nociones tradicionales de juego limpio y decencia».
En primera instancia se identificó que 2.654 niños fueron separados de sus padres, pero en un reporte del Gobierno presentado a mediados de diciembre dicho número aumentó a 2.816.
El cambio se debió a ajustes en las categorías aplicadas a los niños. Los abogados que defienden al Gobierno se comprometieron a detallar dichos casos en el próximo informe, que antes del aplazamiento estaba contemplado para mediados de enero.
Como resultado de este litigio, los abogados de las familias, encabezados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), han solicitado que la administración federal desarrolle una base de datos para rastrear «futuras separaciones».
Dicha petición responde a reportes de prensa y de oficinas legales que señalan que hay familias que continúan siendo separadas en la frontera pese a la orden emitida en junio.
«Los demandantes han pedido al gobierno una lista de los padres separados de sus hijos después del 26 de junio, junto con la razón por la cual fueron separados», recalcan los abogados de ACLU que esperan dicha información para el próximo informe.
Y es que a decir de activistas, este caso judicial evidenció que no había un plan para reunificar a los niños que fueron separados de sus padres.
«Se usó esta táctica de separación de familias para tratar de disuadir a las personas que intentaban ingresar a Estados Unidos», consideró Ríos. «Creo que queda como una mancha ahora en la historia del país», aseveró.
Las tres demandas colectivas que conformaban el caso se resolvieron a mediados de noviembre, cuando el gobierno de Donald Trump aceptó como parte de un acuerdo reconsiderar las peticiones de asilo de todas las familias que se vieron afectadas.
Hasta ahora, el gobierno ha entregado la documentación necesaria a 298 personas, 189 padres y 109 niños, de los cuales 127 ya habrían tenido la entrevista conocida como de «miedo creíble» para demostrar que temen persecución en sus países de origen.
Por su parte, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), agencia encargada de dicha tarea, aparentemente ya notificó su resolución en la mayoría de los casos, aunque no se incluyó en el último informe del gobierno.
