Los Ángeles – Tres familias inmigrantes que fueron separadas en la frontera entre Estados Unidos y México en 2018 por la administración del entonces presidente, Donald Trump, presentaron una demanda por daños y perjuicios contra el Gobierno federal.
Los padres inmigrantes, identificados como Joshua G. G, Erendira C. M, y Wilbur P. G., resientes del área de la Bahía, al norte de California, demandaron en este estado al Gobierno del presidente, Joe Biden, por el daño que les infligieron a ellos y a sus hijos, menores de edad, al ser separados en la frontera por la política de “cero tolerancia”, instaurada por el Gobierno del republicano (2017-2021).
Además de buscar una indemnización para compensar el daño de por vida causado por la separación en sí, la demanda busca responsabilizar al Gobierno federal por otros abusos que las familias sufrieron mientras estaban encarceladas en los centros de detención de inmigrantes, indicó en un comunicado Lawyers’ Committee for Civil Rights of the San Francisco Bay Area (LCCRSF), organización que representa a los migrantes.
Las tres familias son centroamericanas e ingresaron a los Estados Unidos por Arizona en mayo de 2018. Apenas entraron al país los padres fueron separados “por la fuerza” de los pequeños, de 6, 11 y 13 años de edad en ese momento, «sin previo aviso ni explicación», alega la querella legal.
Wilbur, Joshua y Erendira pasaron semanas detenidos en instalaciones sin poder hablar con sus hijos ni recibir información sobre ellos.
Hayden Rodarte, abogado de LCCRSF, valoró en un comunicado que “estas tres familias soportaron celdas sucias y superpobladas, comida y agua inadecuadas y poca o ninguna atención médica, todo mientras estaban separadas de sus hijos y bajo las amenazas de deportación de los funcionarios del Gobierno”.
Incluso el mal manejo de las autoridades en la supervisión de los menores tras ser separados de sus padres habría provocado que uno de los menores sufriera «una agresión sexual y otras lesiones”, asegura la demanda.
En el caso de Eréndira, el Gobierno inició un proceso penal con el “propósito ulterior… de separar por la fuerza a Eréndira y Yasmin (su hija) de una manera que las disuadió de buscar asilo en los Estados Unidos”, señala la acción legal.
La organización que representa a las tres familias, junto al bufete de abogados Keker, Van Nest & Peters, resaltó que la querella legal está respaldada bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios (FTCA), que permite a las personas demandar al Gobierno de los EE.UU. por lesiones cometidas por agentes federales.
En este sentido el abogado Christopher Sun, opinó que “los agentes migratorios no están por encima de la ley. Su conducta violó la ley federal y eso es lo que nuestros clientes probarán en la corte ”.
