Tegucigalpa – Fue necesario un trabajo conjunto durante ocho años del gobierno y diversos organismos internacionales, como la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), para que Honduras aprobará la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente en el año 2022, un sueño que se volvió realidad con su publicación en el diario oficial La Gaceta en marzo de 2023.
-Actualmente la extorsión y las amenazas de parte de las maras y pandillas obliga a familias a abandonar sus hogares siendo los menores y mujeres los más perjudicados.
En conversación con Proceso Digital, Andrés Celis, representante de ACNUR en Honduras, contó que se inició a trabajar en esta ley desde el año 2013, misma que ya es una realidad con su sanción y con su publicación en el diario oficial.
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“Estuvimos trabajando del 2013 al 2021 con la ilusión de que se iba a construir un marco normativo… este gobierno respaldó con su bancada la aprobación de este marco normativo y lo ratificó con su sanción legal la presidenta de la República Xiomara Castro”, acotó el representante de ACNUR.
Lo anterior da confianza y esperanza para poder plasmar conjuntamente con el apoyo de muchos actores de la comunidad internacional y sectores de la sociedad, respuestas en favor de la población desplazada.
No había ley, no había mandato y no había recursos
Antes de la aprobación de esta ley no había mandato y por ende no había recursos para atender esta problemática en el país centroamericano, reflexionó el representante de ACNUR.
No obstante, apostilló que ahora los hondureños están rompiendo un círculo vicioso ya que ahora es obligatorio para una institución formular una política y por ende asignar recursos ya que es un mandato de la ley.
“Eso era un círculo vicioso, no había ley, no había mandato y luego no había recursos, ahora los hondureños rompen ese círculo vicioso”, apuntó el representante del organismo internacional.
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Lo anterior abre la posibilidad de concretar programas estatales diseñados para el objetivo de atención de los desplazados, no se trata de programas diseñados para cualquier resultado, están diseñados para contrarrestar la causa a mitigar el impacto y resolver el problema, destacó.
Ampliación de responsabilidades
La puesta en marcha de esta ley amplía las responsabilidades institucionales de varias dependencias estatales para dar respuesta a las víctimas de desplazamiento, razonó el entrevistado.
Sin embargo, reiteró que este es un problema multicausal y por ende la responsabilidad es de múltiples instituciones dependiendo de la causa o el impacto.
No obstante, la instancia coordinadora y rectora de la política es la Secretaría de Derechos Humanos, detalló.
Pero además con la ley existe ahora un apoyo importante de la Secretaría de Gobernación y de otros sectores afectados por el impacto del desplazamiento como la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), la Secretaría de la Mujer (Semujer) y el Instituto Nacional de Juventud, desglosó.
También están aquellos sectores que tienen una oferta específica relacionada con el impacto, por ejemplo el Instituto de la Propiedad (IP) o la Secretaría de Desarrollo Solidario. Lo importante es que el número de instituciones crece cada vez más en torno a esa realidad (desplazamiento forzado) como ahora la Secretaría de Salud y de Trabajo, agregó el representante de ACNUR.
Ley ya es una realidad
Aunque la ley ya es una realidad, la misma establece plazos, en términos generales de seis meses, para su formación y consolidación, razonó.
Lo anterior no significa que se deba esperar para que una víctima de desplazamiento sea beneficiada ya que constitucionalmente las víctimas siempre son beneficiarias de la protección del Estado.
En cuanto a los plazos exhortó a ser cuidadosos con el objetivo que la Ley sea eficiente y para ello se debe evitar desbordar en demandas.
Seguidamente apuntó que no se debe esperar a la total reglamentación de la ley para ser beneficiado ya que la obligación del Estado existe desde antes de la ley.
Retos y desafíos
Andrés Celis también reflexionó sobre los retos y desafíos que existen en torno a la implementación de la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente.
En ese sentido aseguró que se debe entender que solo es un instrumento y debe ser acompañada de una serie de condiciones para que su impacto material se logre.
El vencer la desconfianza y la expectativa, podría ser un primer reto, caviló.
Ver: El 72% de departamentos de Honduras son escenario de desplazamiento forzado
La expectativa puede ser un peligro para la ley si se espera que transforme toda la realidad en un corto plazo, reflexionó.
“Se debe entender que no estamos partiendo de cero y que hay cosas que vienen desarrollándose y que hay que aprovecharlas, eso es esencial”, contextualizó.
Al respecto, habló de adaptación ya que la ley se financia con recursos que ya tienen las instituciones, entonces lo que toca ver es cómo se adaptan los programas a una nueva realidad.
Concluyó que aunque existen desafíos lo importante es que ya existe una ley y se debe aprovechar en beneficio de las personas desplazadas.
