Nueva York – La decisión del Gobierno de EE.UU. de suspender el acceso de los indocumentados a programas que agilizan los trámites de entrada al país, como el conocido «Global Entry», es un «indignante y petulante acto de represalia política» por parte de la Administración de Donald Trump, según activistas de inmigración.

En un comunicado este jueves, la organización Se Hace Camino Nueva York criticó la medida, que el Gobierno de EE.UU. justifica por las leyes aprobadas en el estado para permitir que los indocumentados tengan licencias de conducir y por su postura de limitar la cooperación con los servicios federales de inmigración.

Para Javier H. Valdés, codirector ejecutivo de Se Hace Camino Nueva York, la conocida como ley «Luz Verde», que permite a los sin papeles acceder a licencias, es una norma de «sentido común que mejorará la seguridad en las carreteras, impulsará la economía y mantendrá a familias unidas».

«Nuestras comunidades no van a enfrentarse por los juegos políticos de la Administración Trump», insistió.

Según Valdés, la decisión de suspender la participación de Nueva York en programas como «Global Entry» es un «indignante y petulante acto de represalia política, que lleva todas las señas de identidad de la toma de decisiones en la era Trump: pretextos falsos, desinformación y prejuicio contra los inmigrantes».

«Global Entry» y otros sistemas parecidos permiten a sus participantes agilizar su ingreso al país en aeropuertos y fronteras tras recibir de forma previa el visto bueno de las autoridades.

Con la decisión anunciada este miércoles por el Departamento de Seguridad Nacional, los neoyorquinos no tendrán acceso a esos programas al menos temporalmente.

La medida se produce en respuesta a la decisión de Nueva York de impedir que agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) -que se ocupa de arrestar y deportar a indocumentados- puedan acceder a los registros de su Departamento de Vehículos de Motor a menos que tengan una orden judicial.

El Gobierno de Trump mantiene un duro enfrentamiento con el estado y, sobre todo con la ciudad de Nueva York, por sus llamadas políticas de «santuario», por las cuales las autoridades locales se resisten a cooperar con las agencias federales que se encargan de las deportaciones.

En las últimas semanas, el ICE ha recrudecido su batalla política contra Nueva York responsabilizando a políticos de la ciudad de crímenes cometidos por indocumentados que habían sido detenidos y luego puestos en libertad, sin notificar a las autoridades migratorias.