Washington – Casi cuatro meses después de su firma, el Gobierno divulgó este miércoles el acuerdo migratorio con Guatemala, que ha vuelto a servir el debate sobre si se trata de un simple pacto de cooperación en asilo o abre la puerta a un «tercer país seguro».
El documento se conoce un día después de que el Gobierno de Donald Trump difundiera una norma interna que allana el camino para la aplicación de los Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA, en inglés) que Washington alcanzó además con El Salvador y Honduras.
¿QUÉ ACORDARON EE.UU. Y GUATEMALA?
El pacto, de cinco páginas y suscrito el 26 de julio, estipula entre otras cosas que no aplica a ciudadanos guatemaltecos o a quienes residan en ese país.
Además, prevé la transferencia de solicitantes de asilo de Estados Unidos a Guatemala, quienes serán responsabilidad del primer país hasta que se haya completado el proceso de traslado.
El documento establece que Guatemala no podrá devolver o expulsar a los solicitantes transferidos desde territorio estadounidense, a menos que estos cancelen su solicitud o que esta haya sido rechaza mediante una decisión administrativa.
Según lo suscrito, Estados Unidos «colaborará con Guatemala para identificar a los individuos apropiados para ser transferidos al territorio de Guatemala».
Ambos países acordaron trabajar en un plan de implementación inicial, que defina los procedimientos para el traslado de las personas, el volumen o número de cobijados por el acuerdo y otros detalles.
El acuerdo, cuya vigencia es de dos años con posibilidad de ser renovado, entrará en vigor cuando las partes indiquen que han completado los procedimientos legales para su aplicación.
¿»TERCER PAÍS SEGURO»?
Según la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), el concepto de «Tercer país seguro» es «usado como parte de los procedimientos de asilo para transferir la responsabilidad del examen de una solicitud de asilo de un país de acogida a otro país que es considerado ‘seguro'».
La ACNUR precisa que su aplicación está sujeta a ciertos requisitos del derecho internacional, «en particular el principio de no devolución».
Al respecto, Julia Gelatt, analista sénior del Migration Policy Institute, explicó a Efe que Estados Unidos se ha basado para este acuerdo en la «autoridad legal» que le da la sección 208 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que «es el lenguaje que gobierna los acuerdos de tercer país seguro».
«Sospecho que prefieren no llamar a estos acuerdos de ‘tercer país seguro’ debido a que muchas personas no consideran que Guatemala es un país particularmente seguro», afirmó.
Por su parte, Aaron Reichlin-Melnick, asesor de Política del American Immigration Council, apuntó que aunque ambos Gobiernos lo han llamado públicamente un «Acuerdo de Cooperación de asilo», la norma publicada ayer deja claro que EE.UU. «está invocando la disposición de la ley titulada ‘acuerdo tercer país seguro'».
«No importa qué nombre le dan los países a este acuerdo, la ley estadounidense es clara de que se trata de un acuerdo de ‘tercer país seguro'», apuntó.
¿Y LOS SOLICITANTES?
«Existen preocupaciones muy legítimas sobre la seguridad de los migrantes devueltos a Guatemala, dados los altos niveles de violencia en el país», advirtió Gellat.
La analista aseguró, por ejemplo, que los solicitantes que han sido enviados a México «son particularmente vulnerables a las agresiones y secuestros de bandas en las ciudades fronterizas de México».
Reichlin-Melnick puntualizó que este acuerdo «remodelaría el proceso de asilo en Estados Unidos», ya que por primera vez desde que el país se comprometió a proteger a los refugiados se «impediría por completo que miles de personas busquen cualquier protección humanitaria» en su territorio.
«Bajo los términos de este acuerdo, enviaremos a solicitantes de asilo vulnerables a un país que produce por sí mismo cientos de miles de refugiados», subrayó este experto, para quien se le está «dando la espalda» a estas personas.
