Los Ángeles – Más de sesenta mil inmigrantes que están solicitando beneficios migratorios por razones humanitarias se verán favorecidos de un acuerdo aprobado este martes por un juez federal para resolver una demanda contra el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
La demanda presentada en noviembre pasado en el Tribunal del Distrito Norte de California desafiaba una política de la agencia adoptada bajo la Administración de Donald Trump (2017-2021) que apuntaba específicamente a los beneficios humanitarios para sobrevivientes de violencia doméstica, advirtieron los demandantes.
Según la medida impuesta por el Gobierno de Trump, USCIS rechazó las solicitudes que dejaban sin respuesta algunas preguntas, incluso cuando estas no correspondían al caso. Por ejemplo, cuando el solicitante no incluía una respuesta para el segundo nombre porque no tenía segundo nombre.
La agencia incluso rechazó las solicitudes en las que el solicitante escribió «ninguno» o “no se aplica» en lugar de «N/A».
Los abogados de Northwest Immigrant Rights Project (NWIRP) y la National Immigration Litigation Alliance (NILA) presentaron la demanda encabezada por la salvadoreña Kenny M. Castañeda Peñate, una inmigrante guatemalteca identificada como I.S.A. y la inmigrante de India Akhilesh Vangala, que logró detener la práctica en diciembre de 2020.
Sin embargo, miles de solicitudes ya habían sido negadas.
Matt Adams, director legal de NWIRP, dijo en un comunicado que esta “fue una política escandalosa claramente dirigida a impedir que las personas obtengan los beneficios humanitarios que el Congreso ha proporcionado”.
Añadió que la posición de la agencia «demostraba el absoluto desprecio por la ley de la Administración de Trump».
Bajo el acuerdo de conciliación aprobado hoy por el juez Haywood. S. Guilliam, USCIS aceptará la fecha de presentación original de las más de 60.000 solicitudes que ha identificado como rechazadas según esta política.
USCIS enviará avisos a estos solicitantes explicando los pasos que pueden tomar para asegurarse de que sus solicitudes de beneficios humanitarios se registren como presentadas en la fecha en que se enviaron originalmente, evitando que muchos de estos casos puedan ser denegados por no presentares en las fechas requeridas.
En el caso Castañeda Peñate, la inmigrante ingresó a Estados Unidos en 2019 con sus dos hijos menores y presentó una solicitud de asilo dentro del plazo de un año de su llegada al país. Pero esta petición fue rechazada bajo esta política, haciendo que la migrante perdiera la oportunidad de pelear su caso.
El acuerdo de conciliación también evita que la agencia adopte una política de rechazo similar respecto a otras formas de inmigración a menos que esté autorizado por ley o implementado legalmente a través de regulaciones.
Mary Kenney, directora adjunta de NILA, explicó que “decenas de miles de solicitantes ahora, finalmente, podrán seguir adelante con las solicitudes que la agencia debería haber aceptado en 2020”.
