Acusan al Gobierno Trump de usar tribunales como «arma contra los migrantes»

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Washington – Varias organizaciones de derechos civiles y asistencia legal acusaron hoy al presidente Donald Trump y a funcionarios de su Gobierno de poner el sistema de tribunales de inmigración del país «al servicio de una agenda contra los inmigrantes», en una demanda presentada ante un tribunal federal en Oregon.

«A lo largo de los últimos tres años, el Gobierno de Trump ha erosionado toda legitimidad que el sistema de tribunales de inmigración pudiera tener», afirmó en una conferencia de prensa tlefónica Melissa Crow, del Southern Poverty Law Center, un grupo de derechos civiles con sede en Alabama.

La querella presentada ante la División Portland del Tribunal Federal del distrito de Oregon menciona como demandados al presidente Trump; al secretario de Justicia, William Barr, y a James McHenry, director ejecutivo de la Oficina para Inmigración en la Casa Blanca.

«Los tribunales de inmigración hacen, día a día, decisiones de vida o muerte: las personas vulnerables que buscan asilo en Estados Unidos dependen de un sistema que funcione para protegerles de la persecución la tortura y la muerte», indicó la demanda.

«Pero en los tribunales de inmigración la tradición de independencia judicial se ha puesto patas arriba», agregó.

«La disfunción sistémica y la motivación anti inmigrante crean una realidad kafkiana en la cual la Fiscalía se mezcla con el magistrado y la meta final es la deportación más que la adjudicación justa».

Entre los demandantes se incluyen el Proyecto de Abogacía para Solicitantes de Asilo; la Red Católica de Asistencia Legal para Inmigración, Innovation Law Lab, y los «Soñadores de Santa Fe».

«No es un secreto que los tribunales de inmigración están en crisis», añadió Crow. «El gobierno de Trump no se ha ocupado de resolver los problemas y, en cambio, ha convertido el sistema en un arma contra los inmigrantes, una máquina de deportación», dijo.

Linda Corchado, del Centro Las Américas de Abogacía para Inmigrantes, expresó por su parte que el trabajo de grupos como el suyo «dependen de que haya jueces independientes y, lamentablemente, éste no es el caso».

«A medida que la retórica política en torno a los inmigrantes se ha vuelto más ríspida, hemos notado un deterioro en el tratamiento que nuestros clientes reciben en el tribunal de inmigración», agregó Corchado.

«Los solicitantes de asilo tienen derecho a una audiencia plena y justa, pero a menudo sus trámites se aceleran y los jueces niegan los pedidos sin tiempo para preparar la documentación que, a veces, proviene de otras partes del mundo».

Conchita Cruz, del Proyecto de Abogacía para Solicitantes de Asilo, indicó que «el gobierno de Trump ha hecho todo lo posible por hacer más difícil los trámites para quienes llegan a este país huyendo de la violencia y piden asilo».

Por su lado, Stephen Manning, director ejecutivo de Innovation Law Lab, dijo que «el sistema está plagado de políticas que socavan la labor de quienes proporcionan servicios legales, y pone a los solicitantes de asilo en una posición perdedora sin una audiencia honesta de sus casos».

En la conferencia de prensa, en la que hubo participación de varios estados del país, los demandantes hicieron referencias a medidas tales como las cuotas impuestas por el Departamento de Justicia bajo las cuales los jueces de inmigración están presionados para resolver 700 casos por año.

«Sin consideración por las complejidades de cada caso, esto empuja a los jueces a rechazar los pedidos rápidamente», dijo Crow. «Los grupos familiares no tienen tiempo para preparar sus casos, o para encontrar un abogado», anotó.

Los demandantes afirmaron que el Gobierno de Trump ha creado «áreas libres de asilo» donde «virtualmente ninguna solicitud de asilo se ha otorgado en varios años», y añadieron que hay un millón de casos de inmigración pendientes, lo cual significa que miles de solicitantes de asilo deben esperar tres o cuatro años para una cita ante el tribunal.

Los grupos participantes en esta gestión anunciaron una app -Immigration CourtWatch- para que los ciudadanos puedan observar y registrar información acerca del comportamiento de los jueces de inmigración.

«Esta app permitirá que quienes abogan por los inmigrantes obtengan información valiosa para combatir la parcialidad sistémica y otras prácticas ilegales en los tribunales», indicó una declaración de los demandantes.

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