Tegucigalpa – Expertos expresaron este miércoles en Tegucigalpa su preocupación por la ausencia de políticas públicas para proteger a la niñez de Honduras, por lo que muchos niños se ven obligados a desplazarse de manera forzada o a abandonar su país por la violencia y la falta de oportunidades.
En la inauguración del foro «Migración y desplazamiento forzado: reflejo de la deuda social del Estado», el director de la organización humanitaria Casa Alianza José Ruela, dijo a Efe que Honduras «no tiene condiciones para ofrecer respuestas a su población» frente a los diferentes problemas que les afecta y frenar su salida del país.
«Las políticas migratorias para los hondureños son dictadas desde afuera desde una visión de seguridad de fronteras y no de seguridad de las personas, entonces se habla mucho de migración ordenada y segura, pero muy poco de países ordenados y seguros», explicó.
Aseguró que en Honduras hay una «ausencia de una política social que realmente se preocupe por generar un sistema educativo que dé cobertura de calidad a toda la población, un sistema de salud que no se base solo en la atención hospitalaria, sino que se base en la prevención».
SISTEMA DE PROTECCIÓN
Lamentó que el país centroamericano no cuenta con un «sistema de protección que funcione para los niños y niñas».
A su juicio, la falta de protección a los menores «se agrava con las situaciones de violencia e impunidad» que imperan en Honduras.
Según cifras oficiales, en Honduras existen 3,8 millones de menores de edad, la mayoría de ellos viven en pobreza.
Ruela aseguró que los políticos tradicionales creen que el «pueblo existe para pagar el lujo y el buen vivir de ellos» y solo «dan alguna ayudita para tener a la población engañada de que están haciendo algo».
Enfatizó que el ejercicio de la actividad pública requiere de «un compromiso» y el establecimiento de políticas sociales que permitan «soluciones a largo plazo en empleo, salud y educación».
REPRESIÓN VERSUS PROTECCIÓN
La política de seguridad ciudadana en Honduras «es inadecuada, cara, insuficiente y está más en función de la represión que de la protección de las personas», subrayó el director de la organización humanitaria.
«Tenemos un problema de violencia generalizada que abarca a maras, pandillas, crimen organizado y narcotráfico, pero que también abarca violencia en el hogar, la escuela y la comunidad».
Señaló que los menores y las mujeres son los sectores de la población «más desprotegidos» y «más afectados» por la violencia, por lo que también son los que «más huyen del país a causa de que no encuentran una respuesta».
RECLUTAMIENTO FORZADO
La falta de oportunidades causa que cada día más jóvenes integren estructuras criminales, la mayoría lo hacen de manera forzada, señaló Ruela, quien dijo que 69 de cada 100 adolescentes está fuera del sistema educativo.
Los jóvenes que no estudian «están en espacios que no son seguros, no tienen oportunidades y se convierten en víctimas potenciales de grupos del crimen organizado o pandillas», enfatizó.
Las bandas del crimen organizado, según organizaciones de protección a la niñez, aprovechan que las leyes de Honduras impiden imputar penalmente a menores de edad para reclutarlos y obligarlos a trabajar en actos ilícitos.
CRISIS POLÍTICA
Una experta hondureña en temas migratorios, Sally Valladares, dijo a Efe que la crisis política y social que vive Honduras causa que miles de menores, algunos de ellos solos, emigren de manera irregular.
«En este momento estamos en una situación de crisis política, que obviamente va de la mano de la crisis social, hay un descontento sobre que el Estado no está centrando todos sus esfuerzos en atacar las causas de la migración», subrayó.
Valladares indicó que muchos hondureños deciden emigran por la «falta de visión y de estrategias de abordaje a la situación que vive la población» debido a la crisis política.
Aseguró que en el país «hay una ausencia de políticas públicas en todas las temáticas», y destacó la importancia de «recuperar la confianza en la institucionalidad pública».
La crisis política y social se agudizó luego de la reelección del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, en las elecciones generales de noviembre de 2017.
Según la oposición en los comicios hubo fraude, por lo que ha venido exigiendo la salida del poder del gobernante hondureño.
