Fotografía de un agente de la Patrulla Fronteriza Sector Tucson, en el sur de Arizona. EFE/Gary Williams/Archivo

Tucson (AZ) – Desde California hasta Texas la Patrulla Fronteriza opera múltiples retes permanentes y temporales en las comunidades ubicadas cerca de la línea divisoria, que en la actualidad se han convertido en un obstáculo para los indocumentados que quieran buscar hospitales ante la pandemia del COVID-19.

«Para muchos residentes de la frontera no hay manera de salir de sus comunidades si no es pasando por un retén de la Patrulla Fronteriza», explicó a Efe Lilian Serrano, de la Alianza Comunitaria en el Condado de San Diego, en el sur de California.

Un ejemplo es el retén establecido en Temecula, California, que separa a una comunidad habitada mayormente por trabajadores agrícolas del hospital que tienen más cerca.

El problema se agrava aun más debido a que la Patrulla Fronteriza no solo cuenta con retenes permanentes, sino también establece puntos de inspección temporales a las afueras de las comunidades rurales.

«Esto es bastante alarmante porque hay comunidades que dependen de transitar por estas carreteras para llegar a un hospital», dijo la activista.

Los retenes, por ende, se convierten en un serio problema en caso de que los inmigrantes indocumentados en EEUU presenten síntomas de COVID-19 y tengan que acudir a un hospital a pedir ayuda.

Serrano explicó que hay comunidades donde los indocumentados solo tienen dos opciones, arriesgarse a ser detenido y cruzar un retén de la Patrulla Fronteriza para llegar a un hospital en menos de 15 minutos, o tratar de evadir el punto de inspección y manejar a hospitales que implican mas de una hora de viaje.

«Los migrantes no tienen porque tener que decidir entre acudir a un hospital a pedir ayuda o arriesgarse a ser detenidos por la Patrulla Fronteriza, algo que está causando un gran temor y miedo», dijo.

Su mayor temor es que las personas decidan quedarse en casa por temor a ser arrestados en vez de ir a un hospital, poniendo en riesgo sus vidas y las de sus familias.

Johana Bencomo, directora ejecutiva de Comunidades en Acción de Fe en Nuevo México, dijo en declaraciones a Efe que a pesar de que el gobierno estatal ha ordenado que todas las pruebas de COVID-19 estén a disposición de cada condado, las comunidades inmigrantes no tienen acceso a servicios médicos a causa de los retenes de la Patrulla Fronteriza.

Serrano como Bencomo coinciden en que durante la pandemia del coronavirus estos retenes deberían dejar de operar.

La ley federal autoriza a la Patrulla Fronteriza a establecer puntos de revisión hasta 100 millas al norte de la frontera.

Residentes de las comunidades fronterizas a lo largo de la frontera se quejan de sufrir el constante acoso por parte de los agentes fronterizos cada vez que cruzan estos retenes.