Miami – Kristin Graziano, la nueva alguacil del condado Charleston, en Carolina del Sur, canceló la colaboración que mantenía con la agencia federal de Inmigración a través del polémico programa 287(g).
Durante una rueda de prensa ofrecida el martes en una taquería local, y en su primer día en el cargo, Graziano firmó la resolución con la que finaliza el acuerdo de colaboración con el gubernamental Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que según sus cálculos afectó a unas 2.500 familias en los últimos tres años.
«Queremos que las personas puedan creer que pueden acudir a nosotros, cooperar con nosotros, cuando son víctimas de un delito en nuestra comunidad. Nuestra comunidad de inmigrantes actualmente no tiene esa confianza en nosotros, y eso termina hoy conmigo», señaló Graziano.
La alguacil alegó que en los últimos años el programa había supuesto millones de dólares de los contribuyentes, en promedio unos 4 millones anuales de fondos estatales, para detener mayormente a indocumentados no violentos.
Graziano había prometido durante su campaña acabar con este acuerdo en caso de ser elegida en las elecciones del pasado 3 de noviembre, en las que derrotó al aspirante a la reelección en el cargo Al Cannon, quien se inclinaba por mantener vigente el programa.
Tras la finalización de este acuerdo en este condado, uno de los más poblados de Carolina del Sur, solo los condados de Lexington, Horry y York mantienen vigente este programa en este sureño estado.
El 287(g) es una sección de la ley migratoria vigente, que permite a los gobiernos locales recibir fondos federales a fin de que puedan entrenar agentes para llevar a cabo funciones propias de la agencia federal, como verificar el estatus legal de los detenidos o entregarlos a ICE en caso sean migrantes indocumentados.
