Los Ángeles – Rodeada de hermetismo, California dio inicio a la campaña de divulgación sobre cómo y dónde los indocumentados que residen en el estado y fueron afectados por la pandemia del coronavirus podrán recibir las ayudas económicas de 500 dólares por persona o 1.000 por familia, fondos que serán otorgados a través de organizaciones comunitarias desde la semana próxima.
La esperada ayuda de 75 millones de dólares de fondos del estado y 50 millones en donaciones privadas fue anunciada el 15 de abril por el gobernador Gavin Newsom, y desde entonces los inmigrantes han estado aguardando para recibir la asistencia.
“Se necesita con urgencia; ya son dos meses de renta que mi esposa y yo debemos, y no hay de dónde. Estamos comiendo gracias al banco de comida pero la situación está cada vez más crítica”, dijo a Efe Martín Pleites, como se identificó un trabajador indocumentado que laboraba en la construcción.
El Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS) anunció que a partir del lunes 18 de mayo los indocumentados elegibles podrán buscar la ayuda a través de 12 organizaciones comunitarias que fueron seleccionadas para entregar los fondos del programa Asistencia de Alivio en Desastres para Inmigrantes en California (DRAI).
La solicitud se hará a través de una llamada telefónica a la organización designada por el estado en el área de residencia del inmigrante.
El apoyo económico de 500 dólares por persona o 1.000 por familia estará disponible hasta el 30 de junio de 2020 o hasta que los fondos se agoten, lo que ocurra primero.
Desde el anuncio, Newsom consideró que los fondos alcanzarían para unos 150.000 indocumentados.
“Esto es como un juego de ruleta. A ver si nosotros alcanzamos”, advirtió Pleites, oriundo de El Salvador.
Según el Centro para Estudios de Migración, para 2018 había un total de 2,3 millones de inmigrantes indocumentados en California, el estado que acoge la mayor población de personas sin estatus legal en el país.
¿QUIÉNES SON ELEGIBLES?
De acuerdo con las reglas establecidas por CDSS, los indocumentados elegibles deben ser mayores de 18 años, y de bajos ingresos. También deben haber sido afectados económicamente por la pandemia al perder su empleo o sus fuentes de ingresos.
Los solicitantes deberán proporcionar pruebas sobre su estatus migratorio.
La agencia no estableció en su campaña de divulgación cuáles serán los documentos necesarios para hacer la solicitud.
Caridades Católicas de California, una de las 12 organizaciones encargadas en entregar los fondos, reveló en su página web que durante el proceso de solicitud telefónica se pedirán documentos para verificar la identidad, domicilio o dirección postal, y cómo el solicitante ha sido afectado por la COVID-19.
“Cuando llame al número para obtener más información sobre el proceso de solicitud, se le explicarán los documentos de verificación requeridos”, explica la página.
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Una de las mayores preocupaciones que han surgido por parte de indocumentados como Pleites es qué pasará con la información y si esta podría terminar en manos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Al respecto, Caridades Católicas advierte que la información que se entregue para acceder al DRAI solo se utilizará para confirmar la elegibilidad.
“Nuestro equipo proporcionará información demográfica general (por ejemplo, edad, sexo, idioma preferido) al Estado de California sobre los solicitantes, pero nada de su información personal (por ejemplo nombre o dirección) se proporcionará a ninguna agencia gubernamental”, aclara la página.
Para Mayra Todd, activista del Centro México, la preocupación por la información que se comparta es real. La guatemalteca pone de ejemplo los datos que ella entregó para acceder a la “Tarjeta Angeleno”, una ayuda económica dada por la ciudad de Los Ángeles a residentes que se agotó rápidamente.
ALARMA POR ANTIINMIGRANTES
A esto se suma el ambiente hostil que ha vivido la comunidad indocumentada tras el anuncio de la ayuda económica.
El gobernador enfrentó al menos dos demandas por la asignación de los fondos por 75 millones. Una de las demandas fue encabezada por la concejal de la ciudad de Whittier, Jéssica Martínez, y el salvadoreño Ricardo Benítez bajo el argumento que la ley de California y la federal prohíben la extensión de los beneficios de desempleo a indocumentados.
Aunque ambas demandas fueron desestimadas, las acciones causaron una ola de temor entre los indocumentados.
“Hay gente con corazón muy malo. Yo puedo creer que un salvadoreño que fue como yo (indocumentado) ahora esté contra nosotros”, advierte Pleites
Efe trató de tener un comentario sobre el proceso de divulgación y el arranque de la entrega de fondos por parte de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), una de las dos organizaciones seleccionadas en Los Ángeles para entregar los fondos, pero advirtieron que no podían dar comentarios sin permiso de CDSS.
Los solicitantes que sean aprobados recibirán una tarjeta de débito con la asistencia de una sola vez, que será enviada por correo o puede ser recogida en un lugar seguro y con el cumplimiento de las prácticas de distanciamiento social, advierte la página de Caridades Católicas.
“Yo ya perdí la fe en que se pueda calificar para la ayuda”, considera Todd antes de hacer la solicitud.
“Ojalá y esta entrega se haga de manera transparente, pero tengo mis dudas”, matiza la guatemalteca.
