Unos campesinos cargan cajas de cilantro en un camión el 28 de marzo en un campo de cultivos en Oxnard, California. EFE/Iván Mejía/Archivo

Nueva York – Los trabajadores migrantes acogidos al programa agrícola H-2A, que permite la contratación de mano de obra extranjera, viven en condiciones de explotación y vulnerabilidad, no lejos de la esclavitud, y el presidente Joe Biden debe tomar una decisión sobre el futuro de este acuerdo, según in informe dado a conocer este jueves.

«El programa H-2A ha creado una fuerza laboral cautiva, hecha para trabajar en condiciones brutales y a menudo ilegales. En la práctica, no están alejadas de la esclavitud», indica el informe «Dignidad o explotación: ¿qué futuro para las familias de trabajadores agrícolas en Estados Unidos?» del Institute for Public Accuracy.

Destaca que bajo este programa las regulaciones del Departamento del Trabajo permiten a las empresas someter a los migrantes a cuotas que les obligan a trabajar a una velocidad agotadora.

Señala además que este programa ha crecido y que ello ha exacerbado una crisis de vivienda existente para estos trabajadores rurales porque la contratación se ha disparado de 10.000 visas en 1992 a más de 250.000 en 2020.

Además «los trabajadores también enfrentan una exposición desproporcionada a la pandemia de covid-19», lo que los resultados del estudio atribuyen a viviendas colectivas o barracones, donde los trabajadores duermen en literas.

«Los esfuerzos para organizarse contra las condiciones de explotación se han encontrado con despidos, deportaciones y listas negras», afirma el reporte.

Igualmente, asegura que las condiciones de explotación y vulnerabilidad de los migrantes que se acogieron al programa H-2A son muy cercanas a las del programa bracero que estuvo vigente desde 1942 hasta 1964.

Mediante ese programa, denominado «Mexican Farm Labor Program” , unos 4,5 millones de mexicanos llegaron a las fincas agrícolas de este país (entre los cuales algunos visitaban y regresaban de manera repetitiva a los Estados Unidos).

Recuerda el informe que La Ley de Inmigración y Naturalización de 1965, que puso fin al programa bracero, estableció un sistema de inmigración basado en la reunificación familiar y la estabilidad comunitaria, protegiendo los salarios, derechos, salud y vivienda de los trabajadores agrícolas, y advierte que «este sistema está cada vez más amenazado en la actualidad».

«Restaurar el sistema de preferencias familiares y detener el programa H-2A son dos de las decisiones más importantes que enfrentará la Administración Biden en lo que respecta a la dirección de la política de inmigración de Estados Unidos», señaló en el informe Anuradha Mittal, directora ejecutiva del Institute for Public Accuracy.

«La nueva Administración necesita elegir los intereses de quién va a servir. ¿Apoyará el programa H-2A y protegerá las ganancias de los productores o apoyará a los trabajadores agrícolas que trabajan en los campos para alimentar a este país?», puntualizó.