Los Ángeles – En una carrera contrarreloj se encuentra el Gobierno del presidente Joe Biden y defensores de los inmigrantes para detener definitivamente el propósito de los conservadores de reinstalar la política de «Espera en México», que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en el país vecino el desarrollo de todo el proceso.
Los detractores de “Espera en México”, así como quienes piden que se reinstale esta política, tienen hasta mañana martes a las cinco de la tarde hora del este para presentar sus argumentos al Tribunal Supremo de Justicia, hasta donde llegó el tema.
El viernes pasado el juez de la máxima corte Samuel Alito dio este plazo tras un pedido urgente del Gobierno de Biden para detener una orden de reinstalar la medida como resultado de una demanda de dos estados conservadores.
Este lunes una coalición de organizaciones, entre ellas American Immigration Council (AIC), Southern Poverty Law Center (SPLC), Human Rights First, y el Center for Gender & Refugee Studies, presentó un documento al Supremo respaldando a la Casa Blanca y el fin del programa.
Kate Melloy Goettel, directora legal de litigios de AIC, dijo a Efe que le han pedido al Tribunal que “mantenga al MPP (Protocolos de Protección al Migrante, nombre oficial del programa Espera en México) como una mancha en los libros de historia, en lugar de restablecer el actual desastre”.
UNA LUCHA QUE PARECE NO ACABAR
La política de «Espera en México» fue instaurada por el Gobierno del ahora expresidente Donald Trump en enero de 2019, y por ella decenas de miles de migrantes llegados a la frontera sur fueron devueltos a México.
Desde que Biden llegó a la Casa Blanca en enero pasado ordenó la cancelación de la política y comenzó a permitir el ingreso a Estados Unidos de los solicitantes con procesos vigentes bajo MPP.
El programa llegó a enviar a la frontera mexicana a unos 69.000 solicitantes de asilo, de los que en diciembre de 2020 continuaban unos 22.000 en la frontera, según un conteo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
TEXAS, LA PIEDRA EN EL ZAPATO DE BIDEN
Pero en abril pasado, los estados de Texas y Missouri retaron la decisión del Gobierno demócrata en una corte federal argumentando que se verían obligados a gastar más recursos en la lucha contra la trata de personas si no se revivía el MPP.
El pasado 13 de agosto el juez federal Matthew Kacsmaryk, designado por Trump, dio una semana a la Administración de Biden para restaurar la aplicación de la política, poniéndose del lado de los demandantes.
La semana pasada, Biden recurrió al Tribunal Federal de Apelaciones del Quinto Distrito para que suspendiera la orden de Kacsmaryk alegando que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no tiene recursos para reanudar el MPP.
Pero los jueces de apelaciones se pusieron del lado de los estados demandantes, dejando al Gobierno en una carrera contrarreloj y obligándolo a recurrir de emergencia al Supremo.
El juez Alito ordenó a los demandantes (Texas y Missouri ) que presentaran su respuesta a la solicitud de suspensión del Departamento de Justicia (DOJ) antes de las cinco de la tarde del 24 de agosto.
Goettel enfatizó que el grupo de organizaciones ha pedido al Supremo que detenga la decisión del juez Kacsmaryk.
“El MPP se negó a aceptar el debido proceso, dejó a los solicitantes de asilo varados en una de las partes más violentas del mundo y eludió nuestras obligaciones humanitarias protegidas por el derecho federal e internacional. Sin embargo, un juez de Texas (Kacsmaryk) pasó por alto convenientemente estos hechos cuando ordenó que se restableciera el programa”, zanjó la abogada.
Por su parte, Melissa Crow, abogada principal de SPLC, advirtió en un comunicado que “permitir que solicitantes de asilo reivindiquen sus derechos es un paso fundamental hacia el establecimiento de un proceso de asilo funcional”.
El nuevo obstáculo para Biden llega cuando las cifras de detenciones en la frontera sur siguen marcando récords.
Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en julio pasado fueron detenidos en la frontera sur 212.672 indocumentados.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, fue el encargado de revelar los datos en una visita hace dos semanas a la frontera, y resaltó que la cifra es un número «sin precedentes» en Estados Unidos.
La cifra de julio representa un aumento de 13 % respecto a junio y la cifra más alta en 20 años, destacó Mayorkas, que dirige la dependencia que tendría a su cargo restaurar el MPP si el Tribunal Supremo se pone finalmente del lado de Texas y Missouri.
