Tegucigalpa – En el marco de las operaciones de control migratorio que mantiene el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas  de los Estados Unidos (ICE), ciudadanos hondureños han figurado en casos que van desde delincuentes con múltiples expulsiones previas hasta personas sin antecedentes penales con largos años de residencia en ese país.

En cualquiera de las historias, los arrestos de hondureños por parte de ICE retratan una firme política migratoria de parte del Gobierno de los Estados Unidos.

Esta consistente política migratoria no cambiará, pese a los resultados de las pasadas elecciones de término medio del 3 de noviembre, advirtió el Gobierno de EE.UU. a los hondureños.

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Los arrestos de los migrantes hondureños ilustran tanto la prioridad oficial sobre extranjeros con condenas penales como las controversias generadas por detenciones rápidas o el manejo de protecciones judiciales antiguas.

ICE ha insistido en que prioriza a personas con condenas penales y ha utilizado aeronaves militares para acelerar ciertas remociones. Al mismo tiempo, organizaciones de derechos de inmigrantes y abogados han documentado casos de personas sin historial delictivo, órdenes antiguas ejecutadas años después o protecciones judiciales no respetadas en el momento de la detención.

ICE y sus estrategias

ICE ha destacado públicamente varios casos de hondureños con historiales criminales. Óscar Alvarado Díaz fue deportado por novena vez el 4 de junio de 2026 en un vuelo militar a Honduras, como parte de una operación conjunta con el Departamento de Guerra.

Según el comunicado oficial de ICE, Alvarado Díaz tenía condenas por robo y por conspiración para fabricar o distribuir sustancias controladas.

El director interino de la agencia, David  Venturella, señaló en ese entonces que este tipo de vuelos optimiza recursos y permite mantener el ritmo de remociones de personas irregulares.

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En el mismo vuelo fueron deportados otros hondureños con condenas por conducir bajo los efectos del alcohol, violencia doméstica, agresiones y narcotráfico.

Luego, en noviembre, Adrián Roger Paz Trochez, condenado por estrangulamiento y secuestro mediante el uso de la fuerza, figuró entre diez extranjeros deportados por ICE.

La agencia ha publicado de forma reiterada listas de este tipo, en las que también aparecen hondureños sentenciados por agresión agravada, venta de fentanilo o conspiración para distribuir drogas.

Foto Telemundo

Caso diferenciados

Si bien el ICE utiliza los casos de hondureños con expedientes criminales para argumentar su política de expulsión, no todos los casos corresponden a personas con antecedentes.

Uno de los casos que generó mayor repercusión mediática fue el de Any Lucía López Belloza, de 19 años. Llegó a Estados Unidos en 2014, a los siete años, y estudiaba negocios en Babson College, cerca de Boston. En noviembre de 2025 fue detenida en el aeropuerto de Boston mientras intentaba abordar un vuelo a Texas para reunirse con su familia en Acción de Gracias.

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Un juez federal emitió una orden de emergencia que prohibía su expulsión durante al menos 72 horas. Sin embargo, fue esposada de muñecas, tobillos y cintura y deportada a Honduras en menos de 48 horas, el 22 de noviembre.

El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que existía una orden de deportación de 2015 y que había permanecido irregularmente en el país. Su abogado, Todd Pomerleau, sostuvo que ni ella ni él habían sido notificados de esa orden y calificó el procedimiento de “horror show inconstitucional”.

López Belloza pudo regresar a EEUU, pero nunca se reconocieron de forma pública los errores cometidos en el proceso.

Casos que alimentan el debate

En octubre de 2026, Jayro Manrique Medrano Valle, de 48 años y dueño de una empresa de construcción en Maryland, fue detenido durante una cita de revisión migratoria en Baltimore.

Contaba con una protección de Retención de Remoción  o withholding of removal otorgada por un juez en 2019 (que impide la deportación a Honduras por riesgo de peligro) y un permiso de trabajo vigente hasta 2030. Su esposa presentó los documentos, pero un funcionario respondió que “su esposo está detenido y lo vamos a deportar”. A la fecha permanece bajo custodia mientras su defensa busca alternativas legales.

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En Utah, el músico Germán Enmanuel Lobo, hijo de un exconsejero del Consejo Nacional Electoral de Honduras, fue detenido. Había ingresado con visa de trabajo y permanecido tras su vencimiento. Videos difundidos en redes mostraron a agentes sacándolo de un vehículo y sometiéndolo en el pavimento; su prometida intentó intervenir y resultó con lesiones en una mano. La familia contrató un abogado y espera la decisión de un juez de inmigración.

Otro caso fue el de Annie Ramos, de 22 años y esposa de un sargento del Ejército estadounidense. Llegó a Estados Unidos siendo bebé y tenía una orden de deportación en ausencia de 2005. Fue detenida en abril de 2026 en la base militar de Fort Polk, Luisiana, cuando la pareja acudió a tramitar beneficios militares. Permaneció varios días detenida y fue liberada con monitor electrónico mientras continuaban los procedimientos de remoción, según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional.

Política migratoria no cambiará

El Gobierno de Estados Unidos recordó el domingo a los hondureños que las leyes migratorias no cambiaron después de las elecciones del pasado 3 de noviembre.

Si cruzas ilegalmente a EE.UU. solo o en caravana, además de poner tu vida en peligro, enfrentarás las consecuencias legales, señaló la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa.

Las leyes no cambiaron tras las elecciones del 3 de noviembre, enfatiza el mensaje que además publica una foto del presidente Donald Trump.

Ver: EEUU recuerda a hondureños que las leyes migratorias no cambiaron después de elecciones

Tras las elecciones de medio término en EE.UU. el Partido Demócrata obtuvo el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado en las elecciones de medio término celebradas el 3 de noviembre de 2026.

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Al obtener el control de ambas cámaras del Congreso, el Partido Demócrata establece un contrapeso legislativo frente a la administración del presidente Donald Trump durante los próximos dos años de su mandato.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo mantiene sus facultades, por lo que las políticas migratorias solo pueden variar en un retraso en la asignación de presupuesto a las agencias encargadas de aplicar la ley.

DDHH

Distintos organismos defensores de derechos humanos han alzado la voz y han ejemplificado casos como el del hondureño José Luis Arias frente a su nieto con autismo en Washington, para solicitar respeto a los derechos humanos de las personas.

En un video que alcanzó la viralidad, se observa a los agentes sometiendo a José Luis Arias mientras grita a su hija que pida ayuda por teléfono.

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La mamá del menor suplicó que no arrestaran a su padre frente a él para evitarle un impacto emocional.

“No fue justa la manera en que lo trataron”,  compartió vía telefónica a una cadena hispana en Estados Unidos una de las hijas del inmigrante detenido, quien ya fue deportado a Honduras.

Debate

Los casos de hondureños ante ICE ponen de relieve una política de aplicación de la ley migratoria que, según las autoridades estadounidenses, busca priorizar la seguridad pública mediante la remoción de personas con antecedentes penales, al tiempo que genera fricciones cuando alcanza a individuos con largos años de residencia, vínculos familiares o protecciones previas.

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La realidad que emerge es la de un sistema que procesa decenas de miles de personas al año, en el que coexisten expedientes de reincidencia criminal con historias de estudiantes, empresarios y familiares de militares, y en el que las consecuencias se sienten tanto en las comunidades estadounidenses como en los hogares y la economía de Honduras.