Madrid – La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha lamentado que por segundo año consecutivo España haya aprobado solo el 5 % de las solicitudes de asilo presentadas en 2020, una tasa muy por debajo de la media europea (33 %): «las autoridades españolas han vuelto a defraudar a quienes buscan refugio en España».
En 2020 se presentaron en toda España un total de 88.762 solicitudes de protección internacional, un 25 % menos que el año anterior (118.446), de las que solo 5.758 fueron favorables: 4.360 fueron concesiones de estatuto de refugiado y 1.398 de protección subsidiaria, según el balance de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior.
Esa caída en el número de peticiones de asilo es fruto del cierre de fronteras debido a la pandemia de coronavirus, según subraya CEAR en un comunicado, en el que destaca no obstante los más de 40.000 casos concedidos por razones humanitarias, principalmente de origen venezolano, excepto algunos colombianos, ucranianos, peruanos y hondureños.
«Estamos muy preocupados por las miles de personas que se han quedado atrapadas por las restricciones de movilidad provocadas por la pandemia en países donde su vida corre peligro, sin poder acceder al derecho de asilo», alerta la portavoz de CEAR, Paloma Favieres, que reprocha que las autoridades hayan aprovechado ese período inactivo para suspender «de facto» el derecho de asilo.
Lo que sí aumentó en 2020 fueron los expedientes de protección internacional que resolvió Interior: 116.614, casi el doble que el año anterior, con lo que se consiguió reducir más de un 20 % las solicitudes por resolver.
«Resolver los expedientes y cumplir los plazos legales es siempre una buena noticia, pero no puede repercutir en la calidad del procedimiento», recuerda Favieres, que reclama que más allá de la agilidad en las resoluciones, se garantice un estudio individual de cada caso y no se apliquen «criterios estándar» en función únicamente de la nacionalidad.
Al igual que en años anteriores, las cinco primeras nacionalidades de los solicitantes de asilo son latinoamericanas, con Venezuela y Colombia a la cabeza, lo que no ocurre en otros países de la Unión Europea.
El motivo, según Favieres, es la política de visados de las autoridades españolas, que «siguen exigiendo» visado de tránsito a personas que huyen de países en conflicto desde hace años, como Siria, Yemen o Palestina.
«España siempre ha actuado a golpe de llegadas por vía aérea; cuando se produce un elevado número de personas de una nacionalidad que acceden al puesto fronterizo vía tránsito, inmediatamente se solicitan visados de tránsito para impedir el acceso al procedimiento de asilo», denuncia.
Para CEAR, resulta «particularmente preocupante» que el número de personas reasentadas en España el año pasado fuera de 363 cuando el compromiso del Gobierno era de 1.200, por lo que instan al Ejecutivo a que haga «una apuesta seria» por el reasentamiento dado que es «la única vía segura habilitada en estos momentos».
Advierte además de que apenas el 3 % de las solicitudes se han presentado en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), puestos fronterizos y a través de extensiones familiares en embajadas: «España no ha permitido en la práctica solicitar asilo en lugares que habrían evitado devoluciones a países no seguros», explica Favieres.
Y alerta además de que pese al aumento de la llegada de inmigrantes a Canarias en 2020, cuando arribaron a sus costas 23.023 personas, hubo menos de 4.000 solicitudes de asilo.
Desde CEAR, apuestan por avanzar hacia una flexibilización de los criterios en la concesión del asilo para combatir la falta de garantías y protección efectiva por parte de las autoridades en muchos lugares del mundo.
