Ciudad en Colorado pide a Biden el cierre de cárcel de indocumentados

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Fotografía de archivo fechada el 1 de mayo de 2020 que muestra a manifestantes contra los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. EFE/ Cristobal Herrera/Archivo

Denver (CO) – El concejo municipal de Aurora, suburbio al este de Denver, pedirá por carta al presidente, Joe Biden, que cierre del centro de detención privado que desde décadas opera en esta ciudad y donde se alojan cientos de presuntos indocumentados.

El documento, aprobado por mayoría de 6 a 4 en la reunión del concejo de este lunes por la noche y conocido este martes, pide que Biden extienda a los centros de detención de indocumentados su decisión de prescindir de cárceles privadas para alojar a delincuentes comunes.

En el caso específico de Aurora, la referencia es al centro de detención operado por la empresa GEO Group, con capacidad para 1.532 reclusos, pero actualmente con menos 300 detenidos debido a la pandemia de la covid-19.

«Como usted (presidente Biden) sabe, durante la administración pasada tanto los inmigrantes como los derechos de los inmigrantes estuvieron bajo intenso ataque. Los inmigrantes fueron sujetos a bien documentadas condiciones inhumanas dentro de las instalaciones del GEO Group», dice la carta de los concejales de Aurora.

«En consideración de todo eso, el Concejo Municipal de la Ciudad de Aurora respetuosamente solicita que su administración también cancele los contratos con aquellos centros de detención privados dedicados al negocio de detener inmigrantes», agrega el documento.

El centro de detención del GEO Group en Aurora tiene un contrato con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), renovado y expandido en abril de 2019, y desde que abrió sus puertas en 1987 ese establecimiento ha recibido beneficios impositivos por parte de Aurora por un valor estimado en 120 millones de dólares.

De hecho, ese centro de detención fue el primer contrato que el GEO Group (entonces llamado Wakenhut Corrections Corporation) obtuvo del Gobierno federal para mantener recluidos a los indocumentados.

Más allá del pedido de los concejales de Aurora y de las acciones del presidente contra las cárceles privadas, la estabilidad económica del GEO Group ha sido severamente erosionada por la pandemia «y por el cambio en el clima político», según un reporte preparado el mes pasado por el Dr. César Cuauhtémoc García Hernández, de la Universidad de Denver.

El reporte, basado en los resultados financieros del GEO Group durante el último cuarto de 2020, indica que esa empresa privada podría perder hasta el 25 % de sus ingresos si se cancelan sus actuales contratos con el Servicio de Alguaciles Federales (US Marshalls) y con el Buró de Prisiones.

En su informe, García Hernández anticipó que los problemas legales que enfrenta el GEO Group en Aurora (incluyendo numerosas demandas judiciales en su contra a nivel local y federal), así como las acciones de activistas proinmigrantes podrían llevar a que el Gobierno federal cancele los contratos de ICE con el GEO Group.

Hablando sobre el tema al inicio de su gestión, Biden dijo que el cierre de las prisiones privadas «llevará tiempo, pero sé que podemos hacerlo».