Nueva York – Una coalición de líderes religiosos, sindicatos y grupos proinmigrantes pidieron este martes en una carta a los líderes de la Asamblea y el Senado de Nueva Jersey que asignen fondos para aumentar a 989 millones de dólares el Fondo para los Excluidos del estímulo económico, que beneficiará a miles de indocumentados en el estado.
La carta fue enviada a los presidentes del Senado, Stephen Sweeney, de la Asamblea, Craig Coughlin, y de los comités de presupuesto de ambos cuerpos, en momentos en que se debate el nuevo presupuesto.
Los firmantes recuerdan que se pronostica un superávit inesperado de 10.100 millones de dólares de cara al año fiscal 2022, señalan en un comunicado.
El Fondo creado por el gobernador Phil Murphy está destinado a personas de bajos ingresos excluidos del alivio económico aprobado por el Congreso por el impacto de la pandemia de covid-19 y beneficiará a miles de indocumentados en este estado.
Murphy anunció el pasado 7 de mayo la asignación de 40 millones de dólares de fondos federales -de los que tenía la libertad de decidir su uso- para los excluidos del estímulo, que beneficiarán a indocumentados que pagan sus impuestos y a otros que fueron dejados fuera de ese plan.
Sin embargo, organizaciones proinmigrantes han reiterado que esa cantidad es insuficiente para los 460.000 indocumentados que se estima viven en Nueva Jersey y que solo servirá a menos del 10 % de las personas y familias que necesitan ayuda.
«Además, los pagos únicos de 1.000 dólares por persona son insuficientes para compensar un año de pérdida de empleo, aumento de los gastos debido a una enfermedad y otras dificultades relacionadas con la covid-19 que han afectado a tantos habitantes de Nueva Jersey», señalan en la carta, que firman 47 grupos y que envían luego de protestas, una huelga de hambre y reiteradas peticiones a Murphy.
Insisten en una ayuda de 2.000 dólares por individuo excluido. «El Fondo para los excluidos también debería proporcionar beneficios similares al desempleo en pagos de 600 dólares por semana a los trabajadores que han perdido sus trabajos durante la pandemia y no calificaron para el estímulo económico debido a su estatus», insisten en la carta.
Indicaron además que el costo total de este programa es de aproximadamente 989 millones de dólares y que financiarlo completamente «no es solo una inversión en el bienestar y la salud de los trabajadores y las familias en todo el estado, sino que también serviría como estímulo económico».
La carta tiene entre sus firmantes a la Unión de Libertades Civiles (ACLU), Kids in Need of Defense, Latino Action Network, varios sindicatos, entre ellos la 32BJ, que agrupa a porteros, encargados de edificios y trabajadores de limpieza, un gran número inmigrantes, así como iglesias y otras organizaciones proinmigrantes.
