Una alumna de la Universidad de Hunter asiste a su ceremonia de graduación, en el Madison Square Garden, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Justin Lane/Archivo

Chicago (IL) – Grupos hispanos buscan formar una coalición para combatir en Misuri un proyecto de ley que plantea bloquear el acceso de los estudiantes indocumentados a la matrícula como estudiante local en las universidades estatales.

«La ignorancia y el miedo motivan este tipo de ley que debemos combatir», declaró a Efe Antonio Maldonado, presidente del Grupo de Líderes Hispanos de la región de San Luis.

El proyecto de ley SB 642, presentado por el senador republicano Bob Onder y que ya fue aprobado en el Comité de Educación en el Senado estatal, establece la obligatoriedad del pago de matrícula internacional a los «estudiantes sin papeles», sin posibilidad de beneficiarse del estatus de residente.

Los indocumentados, que por ley no pueden recibir ayuda financiera o becas estatales, verán dificultado todavía más el acceso a la educación superior, aunque se hayan criado en Misuri y asistido a sus escuelas.

«En este mundo de recursos escasos debemos preguntarnos a quién queremos subsidiar en nuestras universidades», declaró Onder en la reunión reciente de uno de los comités del Senado que estudia la iniciativa.

Con la nueva ley, las universidades correrían el riesgo de perder fondos estatales si les cobran a los estudiantes «con estatus ilegal» una matrícula menor a la que pagan los estudiantes internacionales.

En la opinión de Maldonado, el proyecto de ley «no tiene otra razón que castigar a los indocumentados», sin considerar el impacto social y económico de los inmigrantes en el estado.

En un año electoral, los legisladores responden de esta forma a los deseos de «una base de votantes que teme a los indocumentados», agregó.

El Grupo de Líderes Hispanos, que engloba a varios grupos hispanos de Misuri, quiere influir sobre los legisladores estatales para que modifiquen el texto del proyecto de ley y disminuyan su impacto entre la juventud y la fuerza laboral del estado.

«El plan es construir una coalición para oponerse a la SB 642», dijo Maldonado.

Para ello se prepara una reunión el 5 de marzo con funcionarios electos que están interesados en el crecimiento de la fuerza laboral de Misuri, y consideran que la inmigración tiene beneficios de largo plazo en el estado.

En Misuri, los inmigrantes son el 4,3% de la población y pagan 2.700 millones de dólares en impuestos cada año.

Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, 17 estados han adoptado leyes que permiten que los estudiantes sin papeles paguen la matrícula de residente legal.

Por lo menos tres – Arizona, Georgia e Indiana – aprobaron leyes similares a la que se plantea en Misuri, mientras que en Alabama y Carolina del Sur se prohíbe completamente la presencia de indocumentados en colegios y universidades públicas.