México- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México inició este jueves una investigación de oficio para verificar la observancia y el efectivo cumplimiento de los derechos humanos de migrantes deportados desde Estados Unidos en plena pandemia.
En un comunicado, la CNDH explicó que indaga si el Instituto Nacional de Migración (INM), el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Salud Federal (SSA), así como autoridades estatales y municipales, cumplen con las medidas para proteger a los migrantes.
Ello «luego de los casos de deportaciones masivas que el Gobierno de los Estados Unidos de América ha realizado en agravio de diversas personas en contexto de migración», remarcó.
La presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, instruyó esta medida debido a la situación que enfrentan las personas que han arribado a la frontera norte de México «sin ningún control migratorio ni sanitario frente a la pandemia por covid-19».
Asimismo, se solicitaron medidas cautelares a 31 diferentes autoridades a fin de evitar la «consumación irreparable de hechos violatorios de derechos humanos» que pudieran afectar la salud, integridad, seguridad e incluso la vida de deportados desde los Estados Unidos.
«Entre ellas niñas, niños, adolescentes, familias, mujeres y población con enfermedades crónico-degenerativas, que se alojan en el albergue San Juan Bosco, de Nogales» en el norteño estado de Sonora, puntualizó.
Esta investigación de oficio llega después de que en días pasados personal de la CNDH realizara una serie de visitas a dicho albergue, en las que se observó un creciente flujo de migrantes procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador.
Estos migrantes arribaron al albergue debido a las deportaciones «masivas» que el Gobierno de Estados Unidos efectúa con base al llamado Título 42, que sigue vigente en Estados Unidos y permite deportar de manera inmediata poniendo la emergencia sanitaria como justificación.
El 29 de julio, continuó la CNDH, se alojó a 380 personas migrantes que fueron expulsadas del país vecino y que no fueron recibidas por el INM, advirtió el órgano.
A ello se le suma «el problema de contagio de covid-19 que se está presentando no solo con los extranjeros, sino también entre sus colaboradores».
Por ello, la CNDH consideró que en esta región se requiere de atención y ayuda humanitaria para cubrir sus necesidades básicas, además de pruebas para el diagnóstico de covid-19.
«Para tal efecto, las medidas cautelares ya han sido notificadas a sus destinatarios» y se dará seguimiento al tema, concluyó la CNDH.
La región vive desde hace meses una potente ola migratoria hacia Estados Unidos, país que detuvo este julio en su frontera sur a 212.672 indocumentados, la cifra más alta en 20 años.
