Ciudad de México – La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México pidió este viernes proteger los derechos y seguridad de los migrantes ante la posible caravana que partirá este sábado desde el suroriental estado de Chiapas.
«Este organismo nacional solicitó proporcionarles ayuda humanitaria y que, ante el probable uso de la fuerza para su contención, esta se realice en armonía con los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad», indicó el ente en un comunicado.
La CNDH emitió medidas cautelares a diferentes autoridades federales y estatales para proteger los derechos y la seguridad de las personas integrantes de la caravana migrante -que estiman estará conformada por unas 4.000 personas- que previsiblemente saldrá del municipio de Tapachula, Chiapas, con destino a la Ciudad de México, este 23 de octubre.
La CNDH envió oficios a varias instituciones como la Secretaría de Salud (SS), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
A estos entes se les pidió «garantizar atención humanitaria de urgencia, proporcionando agua, suero hidratante, alimentos, personal médico especializado y de primeros auxilios, medicamentos y especialistas», entre otros.
Además, demandó «privilegiar el cuidado de las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad como niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas y en lactancia, personas mayores y con discapacidad».
«Particularmente, solicitó a la Secretaría de Salud implementar medidas de prevención y atención ante la pandemia por covid-19», puntualizó al texto.
Y al INM que las labores de verificación migratoria que realice se practiquen «en el marco del respeto a los derechos humanos».
Esta caravana migrante, impulsada por la ONG Pueblo Sin Fronteras, pretende salir este sábado desde Tapachula y llegar a la Ciudad de México para exigir a las autoridades que les otorguen garantías para transitar libremente para el país y exponer la crisis migrante.
Desde hace varios meses, miles de migrantes de al menos 11 nacionalidades han buscado la manera de salir de Tapachula buscando avanzar en sus trámites ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) o el INM, instituciones saturadas por el volumen de personas.
Y en las últimas semanas, miles de migrantes han interpuesto amparos ante la justicia que les deben facilitar poder continuar sus viajes.
La región vive una ola migratoria sin precedentes desde comienzos de año con un flujo histórico de 147.000 indocumentados detectados en México de enero a agosto, el triple de 2020, y un récord de 212.000 migrantes detenidos solo en julio por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) de Estados Unidos.
A principios de septiembre, las autoridades mexicanas frustraron el avance de cuatro caravanas de migrantes que partieron desde Tapachula.
Varias agencias de la ONU y ONG criticaron entonces el uso de la fuerza en los operativos para desmontar dichas caravanas.
