Brasilia.- La sala segunda de la Corte Suprema de Justicia de Brasil negó este martes, por unanimidad, la extradición del empresario y ciudadano turco naturalizado brasileño Ali Sipahi, acusado por el Gobierno del país euroasiático de terrorismo.
Sipahi, quien ha vivido durante 12 años en Brasil, hace parte del movimiento Hizmet, considerado por el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan como un «grupo terrorista».
La extradición del ciudadano turco fue negada por todos los magistrados de la sala segunda de la Corte ante la falta de garantías de que Simpahi, de 31 años, tuviera un juicio imparcial si regresaba a su país.
En su votación, el magistrado Edson Fachin, relator del caso justificó que la Ley de Migración veta la extradición cuando «la persona extraditada tiene que responder, en el Estado requirente, ante un tribunal de excepción».
Ali Sipahi fue preso preventivamente desde comienzos de abril por orden del magistrado Fachin, quien atendió un pedido de detención del Gobierno turco para una futura extradición.
No obstante, el 7 de mayo el magistrado mandó soltarlo por considerar que al poseer nacionalidad brasileña, residir desde 2007 en el país y realizar actividades empresariales, no era necesaria la prisión como medida cautelar.
Sipahi hace parte del movimiento Hizmet, una iniciativa civil mundial arraigada en la tradición espiritual y humanista del Islam, vinculado a la religiosa musulmana Fethullah Gülen.
El movimiento es particularmente fuerte en Turquía, donde ha impulsado obras sociales con la construcción de escuelas, la apertura de periódicos y bancos, y el fomento de actividades culturales.
No obstante, a pesar de la fuerza que tiene en Turquía y de estar presente en más de 100 naciones del mundo, el Gobierno turco lo considera una organización terrorista.
Sipahi está acusado de ayudar a organizar el movimiento en Brasil a través del Centro Cultural Brasil-Turquía (CCBT) vinculado a Hizmet.
La organización internacional Conectas, admitida como «amicus curiae» (amiga de la Corte) en el caso, destacó la decisión del Supremo y la calificó como un mensaje claro sobre los derechos de los migrantes.
«Esta decisión representa seguridad jurídica para las comunidades que buscan refugio en Brasil y es un claro mensaje a Planalto (palacio presidencial) de que el poder judicial no debe tolerar los intentos de eliminar los derechos de los migrantes», precisó la organización en un comunicado.
