Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) identificó en 2025 a 245 niños, niñas y adolescentes en riesgo o que tuvieron que abandonar sus hogares por amenazas y cooptación, en muchos de los casos, por parte del crimen organizado.
Así lo reveló la coordinadora de la Defensoría de la Niñez del ente estatal, Cándida Maradiaga, quien advirtió que esta cifra refleja una de las caras más crudas de la violencia en el país.
Identificamos a 245 niños, niñas y adolescentes víctimas del desplazamiento forzado interno. Esto tiene que ver mucho con amenazas y formas de cooptación por parte del crimen organizado respecto a adolescentes en situación de vulnerabilidad, explicó.
Agregó que ese es otro desafío importante que enfrenta el país y que precisamente, la niñez también no está ajena a sufrir las consecuencias de este flagelo.
Este desplazamiento está, en su mayoría, directamente vinculado al reclutamiento forzado.
Según datos del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), el 80 % de los 157 adolescentes que cumplen medidas en los centros pedagógicos de internamiento están por extorsión y tráfico de drogas, infracciones que confirman el uso de niños por parte de maras, pandillas y bandas criminales.
Maradiaga recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe 2023, alertó que los adolescentes son reclutados en sus propias comunidades por el crimen organizado.
«Son víctimas, no victimarios», enfatizó al señalar que los 157 adolescentes privados de libertad no representan ni el 1% frente a los más de 19 mil 274 adultos en el sistema penitenciario.
Muchos de los adolescentes que se encuentran vinculados al sistema de justicia son reclutados por el crimen organizado, llámase maras o pandillas, en las comunidades, declaró.
El Conadeh hizo un llamado urgente a fortalecer el Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Honduras (Sigadena), un mecanismo aprobado en el 2019 que articula a instituciones públicas, gobiernos locales y organizaciones para proteger, respetar y promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el país.
Es allí donde se deben abordar los diferentes desafíos que enfrenta la niñez y la adolescencia, además garantizar procesos reales de reeducación y reinserción social para que puedan retomar sus proyectos de vida.
Además, urgió fortalecer la institucionalidad pública respecto a la obligación que tiene el Estado en temas de reeducación y reivindicación social de esos 157 adolescentes y ese otro grupo de adolescentes que se encuentran cumpliendo medidas privativas y no privativas de libertad.
Lo importante es que una vez que ingresan a los centros puedan cumplir su proyecto de vida, puedan desarrollar habilidades en algún taller vocacional o a nivel de educación formal y que puedan, realmente, tener una reinserción social o integración social en sus comunidades de manera efectiva, concluyó.
