Portland (OR) – Estadounidenses y residentes permanentes ven peligrar el proceso de legalización de allegados indocumentados y una posible reunificación familiar por la orden del Gobierno de denegar visas a aquellos sin cobertura médica garantizada, aunque una demanda judicial podría darles un respiro.
Ante esta situación el Centro de Acción de Justicia (JAC), la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) y el Laboratorio de Leyes de Innovación, presentaron este miércoles una demanda en el distrito federal de Oregón para bloquear la medida que entraría en vigor el 3 de noviembre.
De esta forma buscan frenar lo que, en su opinión, es un «acto discriminatorio» que dejaría sin estatus legal a «dos tercios» de los migrantes en EE.UU. que está actualmente en proceso de obtención de residencia legal, lo que, según datos aportados por la demanda, afectaría a unos 375.000 solicitantes al año.
Ramón Valdez, abogado del Laboratorio de Leyes de Innovación, dijo a Efe que el impacto «es tremendo» ya que esta norma está diseñada para excluir «básicamente a inmigrantes no europeos» y es «claramente racista» ya que pretende permitir la entrada al país tan sólo a los solicitantes con recursos económicos.
«Y en EE.UU. la discriminación es ilegal», recalcó.
La intención del Gobierno de rechazar los visados de ciertas personas que «suponen una carga para las finanzas del sistema de salud» se impone bajo la nueva norma de que si el solicitante no demuestra poder asumir un coste médico previsible, debe presentar pruebas de que puede obtener un seguro médico en «los 30 días posteriores a su admisión» al país.
«Lo inquietante es el poco tiempo que la Administración ha apuntado hasta su implementación», dijo Valdez.
«No tenemos tiempo para entender la nueva regla e implementarla en nuestros casos, por lo que las personas que presentan sus peticiones no van a pasar los procesos», criticó.
La nueva norma también afectaría a los solicitantes que ya han complementado el proceso y esperan su visa, ya que este proceso es largo y pueden recibir un aviso de falta de documentación, comentó el abogado.
Junto a las organizaciones, la demanda la presentaron varios individuos, como un ciudadano estadounidense que debido a una discapacidad ya no puede trabajar y su esposa, mexicana, busca obtener un estatus legal en EE.UU. para poder mantener a la familia.
Sin embargo, con la nueva norma el demandante tiene dudas de que otorguen la visa a su mujer, y encima pueda ser castigada en caso de ser denegada la solicitud en una próxima cita con las autoridades migratoria.
Otro de los ciudadanos reclama que con el plazo de 30 días establecido probablemente es «imposible» que dé el tiempo a solicitar y recibir los números de seguro social y las tarjetas verdes necesarios para incluirla en su seguro médico.
Un tercer demandante individual, una madre soltera de dos hijos y víctima de abuso doméstico que se convirtió en ciudadana estadounidense en 2018, solicitó visas para sus padres, que permanecieron en Nicaragua y su petición fue aprobada poco antes de conocer una orden que podría impedir la reunificación familiar.
Caso similar es el de la colomboestadounidense Andrea Torres.
Esta residente de Arizona sometió una solicitud en junio del 2007 para su hermano, y espera que en los próximos meses su hermano deba presentarse a la representación consular de Estados Unidos en Bogotá.
«Esto es sólo para poner más trabas a los migrantes legales, es ridículo pedirles un seguro médico cuando ni siquiera tienen una identificación en Estados Unidos para poder comprar esto», dijo a Efe.
En la misma situación está la salvadoreña Juana Hernández, que aguarda a que una hija logre migrar después de estar casi 30 años separadas.
«Mi hija se quedó pequeña cuando yo emigré y hemos esperado todo este tiempo para hacer las cosas bien, y ahora que el presidente salga con esto es injusto», recalcó.
Hernández, de 68 años, que ya está retirada y recibe la atención médica pública para personas de la tercera edad, sostiene que esperaba que al traer a su hija, ella le pudiera ayudar a cubrir algunos costos de cuidado de salud que no le brinda el sistema público.
Jess Bless, director de litigios federales de AILA, dijo en un comunicado que la medida representa un nuevo intento de separar a las familias y socavar el debido proceso únicamente sobre la base de «prejuicios basados en el origen cultural y nacional, algo tan antiamericano como la regla de la ‘carga pública».
El dirigente de AILA se refería a la medida programada para entrar en vigor el 15 de octubre pero fue bloqueada por varios jueces federales días antes, y establecía nuevos estándares para determinar quién podría convertirse en una carga para el erario público y se impedía obtener la residencia permanente a personas con bajos recursos.
