Washington – Una coalición de abogados y activistas de derechos humanos ha demandado al Gobierno del presidente Donald Trump para obtener información sobre el envío a México de decenas de miles de personas que habían llegado a Estados Unidos buscando asilo.
La demanda ante el Tribunal Federal en el Distrito Norte de California la iniciaron el Consejo Estadounidense de Inmigración (AIC, en inglés), la Asociación de Abogados de Inmigración (AILA) y Human Rights Watch, y está dirigida al Departamento de Seguridad Nacional y la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).
El Gobierno de Trump inició en febrero de 2019 la práctica de una política denominada oficialmente como Protocolos de Protección de Migrantes (MPP, en inglés), bajo la cual quienes llegan a la frontera sur de Estados Unidos buscando asilo son enviados a México y deben esperar allí el trámite de sus pedidos.
«El programa de ‘Espera en México’ (como se le conoce popularmente) ha causado una catástrofe humanitaria, forzando a miles de personas a vivir en campamentos a lo largo de la frontera en condiciones peligrosas y miserables», indicó la directora legal de AIC, Emily Creighton.
«Esta demanda de información es una forma de marcar las responsabilidades mientras procuramos entender el impacto de MPP en las personas que buscan asilo y son especialmente vulnerables», añadió.
El gobierno de Estados Unidos ha enviado casi 65.000 personas, incluidas familias con niños, a la espera de sus audiencias ante los tribunales de inmigración que, ahora, están afectados por la pandemia de COVID-19.
Desde que comenzó el programa sólo unas 500 personas, esto es menos del 1 % de los comprendidos en MPP, han obtenido asilo, indicaron los demandantes.
Y según el diario The Washington Post, que cita datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, en inglés), desde el pasado 21 de marzo solo dos personas de las miles que han solicitado asilo en la frontera sur en este periodo de tiempo han podido entrar al país.
«Hasta febrero de 2020 se habían denunciado más de 1.000 casos de asesinato, tortura, violación, secuestros y otros ataques violentos contra las personas puestas en el programa y que están forzadas a esperar por meses», añadió el grupo.
«La falta de higiene y, a menudo, el hacinamiento en los campamentos y albergues en México donde los solicitantes de asilo se ven forzados a vivir los ponen en un riesgo mayor de COVID-19», agregó el comunicado.
Los demandantes afirmaron que el programa MPP impide que los solicitantes de asilo tengan un acceso significativo al proceso debido al cual, según la ley, tienen derecho, ya que encuentran «barreras insuperables para obtener asistencia legal y comunicarse con sus abogados».
«La operación de MPP ha estado oculta al escrutinio público», dijo Laura Lynch, de AILA. «Sabemos de quienes de forma legítima piden una oportunidad de que se escuchen sus pedidos de asilo y sabemos que se les envía de vuelta rápidamente a condiciones peligrosas en México».
«Pero la opinión pública no ha podido ver los procedimientos básicos y los trámites de toma de decisión bajo este cambio terriblemente injusto en la política de asilo», añadió. «A pesar de repetidos pedidos, incluyendo los hechos bajo la Ley de Libertad de Información, las agencias no han respondido lo cual hace necesario este litigio».
Ariana Sawyer, investigadora en la frontera para el grupo Human Rights Watch, dijo que «los departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia han ocultado a los contribuyentes estadounidenses la forma en que se usa el dinero que pagan en impuestos».
«El programa inflige traumas duraderos en los niños y los adultos, no protege a los solicitantes de asilo de los peligros, y pisotea el derecho al proceso debido», agregó Sawyer.
