San Diego (CA) – El gobierno de Estados Unidos ha levantado un «muro entre los abogados y los migrantes en México», dijo a Efe la directora de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Mónika Langarica.
ACLU es una de las organizaciones que presentaron esta semana en San Diego (California) una demanda colectiva contra el Gobierno del presidente Donald Trump por obstaculizar que abogados de migración puedan contactar y representar a decenas de miles de migrantes enviados a México a aguardar respuestas a peticiones de asilo.
«El derecho a consultar con abogados es fundamental y es lo justo; es determinante para que los migrantes tengan oportunidad justa para solicitar asilo», dijo Langarica.
ACLU, la oficina de Servicios Familiares Judíos y el Centro de Defensa Legal de los Inmigrantes presentaron la demanda ante la corte federal en San Diego en representación de familias que el gobierno de Estados Unidos envió a esperar a México, después de que habían sido víctimas de abusos en ese país.
Una de esas familias huyó de Guatemala después de que una hija de 17 años de edad fuese violada y amenazada de muerte si denunciaba, pero al cruzar México sufrió asaltos y vejaciones, incluso de parte de uniformados, aseguran.
«La demanda es contra varios instituciones del gobierno federal, incluida la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)», encargada del programa Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, en inglés), también conocido como «Permanezca en México», que inició a fines de enero.
En ciudades a lo largo de la frontera mexicana aguardan unos 50.000 migrantes, 12.700 de ellos en la región que representan las organizaciones demandantes, entre San Diego y Calexico (California), y Mexicali y Tijuana (México).
Los abogados encuentran dificultades inclusive cuando intentan cruzar la frontera a México en busca de familias que requieren representación legal.
Por ejemplo, explicó Langarica, los documentos oficinales carecen de información básica como el lugar en donde poder hallar a los migrantes devueltos a México o el temor a que tienen los abogados a que las autoridades migratorias de los puertos de entrada les envíen a una «inspección secundaria (pormenorizada)» cuando regresan al país.
Durante la presentación de la demanda colectiva, algunos abogados dijeron que las autoridades les impiden hablar a nombre de sus representados durante entrevistas en las que los migrantes deben convencer de que sus temores son fundados.
Langarica dijo desconocer un porcentaje de migrantes de MPP con representación legal, pero confió en que es confiable un estudio del centro de análisis Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC, por su sigla en inglés) de la Universidad de Syracusa, en Nueva York, que en agosto pasado encontró que solo el 1,2 % cuenta con abogados.
