Tegucigalpa – La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) alertaron este viernes en Honduras la difícil situación de miles de personas desplazadas debido al coronavirus y destacaron la necesidad de aprobar una ley para proteger a esa población.
La pandemia es «una realidad, inevitable» y las medidas preventivas aplicadas por el Gobierno apuntan a resolver el problema, pero hay una serie de «problemas estructurales que no pueden quedar olvidados», dijo el representante de Acnur en Honduras, Andrés Celis.
Uno de los retos de los países es «encontrar un balance complejo entre protegerse y proteger (…) hay que ver cómo proteger a través de medidas sanitarias», enfatizó Celis durante la conferencia virtual «Uniendo esfuerzos para atender el desplazamiento forzado en Honduras», auspiciada por Acnur y el CICR.
Las autoridades tienen el desafío de «brindar asistencia humanitaria y buscar alternativas a quienes no quieren o no desean permanecen en un lugar», subrayó el representante de Acnur, quien precisó que uno de los mayores retos de Acnur y el CICR es identificar las necesidades de las personas desplazadas.
El CICR y ACNUR suscribieron hoy un acuerdo de trabajo conjunto en Honduras para atender a personas forzadas a «huir internamente y en riesgo» de desplazamiento por violencia, así como a deportados con necesidades de protección internacional.
«Nunca como ahora se requiere de la unión entre las organizaciones, los estados; entre ellos y las sociedades para enfrentar un desafío de todos», enfatizó Celis, quien indicó que la rúbrica del convenio constituye «una oportuna reafirmación» del compromiso de las dos organizaciones humanitarias.
DESPLAZADOS LOS «MÁS VULNERABLES»
El jefe de misión del (CICR) en Honduras, Karim Khallaayoun, dijo que la pandemia es un «desafío global» que afecta a todos, pero las personas desplazadas son «más vulnerables», por lo que instó a las autoridades a adoptar acciones que permitan fortalecer mecanismos de protección para prevenir las causas del desplazamiento interno.
Además, ayudar a las personas con «necesidades de protección, incluidos aquellos migrantes retornados, a contar con un sistema que les permita alejarse del riesgo contra su vida e integridad física y psicológica”.
Enfatizó que el CICR busca garantizar una «respuesta integral» frente a la COVID-19 ante las «necesidades y vulnerabilidades» de los desplazados.
Los desplazados tienen necesidades «inmediatas» como alojamiento temporal, asistencia primaria en salud, transporte, alimentación, acceso a educación de sus hijos, empleo, las que se «han agudizado» con la pandemia, añadió.
Khallaayoun insistió en que el coronavirus afecta a todas las personas, pero los desplazados tienen «un impacto mucho más amplio y más grande».
«No están teniendo acceso a los servicios humanitarios de las autoridades y las organizaciones internacionales como el ACNUR y el CICR, por las medidas de restricción de movimiento», subrayó.
Por las restricciones de movilidad, estas personas están en «riesgo para desplazarse y escapar del peligro de persecución, lo que está contribuyendo a tener un impacto muy negativo en esta población», añadió el jefe de misión del CICR.
Esas medidas también, según Khallaayoun, han complicado el acceso de las organizaciones y de las autoridades para «cuidar a estas personas».
Agregó que el número de personas atendidas por el CICR han disminuido en «un 50 por ciento» este año, es decir en el primer semestre de 2020 esa organización humanitaria ha apoyado a 173 hondureños.
LEY PARA PROTEGER A DESPLAZADOS
A juicio de Khallaayoun, para los desplazados forzados es difícil mantener su empleo, ya que muchos trabajan en el sector informal, y satisfacer las necesidades de sus familiares, lo que los convierte en una población «muy vulnerables».
«Desde el CICR estamos muy preocupados para esa situación de los desplazados», enfatizó el jefe de misión, quien dijo que Honduras requiere una ley para proteger a esas personas por la violencia en el país.
Aseguró que con la ley «no vamos a tener esa situación precaria que viven estas personas desplazadas» en el país centroamericano.
Según cifras oficiales, al menos 250.000 personas han tenido que abandonar su hogar por la violencia entre 2004 y 2018.
La Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas por la Violencia en Honduras presentó en 2019 ante el Parlamento el proyecto de Ley para prevenir, atender y proteger a las personas desplazadas internamente, sin que siquiera se llegue a discutir.
