Madrid.- El exjuez peruano César Hinostroza, detenido en España a petición de las autoridades de su país, está pendiente de la decisión de la Justicia española, que decidirá su posible extradición, en un caso que domina la vida política del Perú.
Hinostroza, acusado en Perú de liderar una trama de corrupción en el seno de la judicatura de su país, fue detenido hoy por la Policía Nacional española y presentado ante un tribunal de la Audiencia Nacional para prestar declaración.
El tribunal español aún no ha comunicado su posible decisión. Las posibilidades abarcan desde que Hinostroza acepte su entrega al Gobierno de Lima hasta que, en caso negativo, se decrete su prisión provisional o libertad mientras se dirime el asunto.
La fuga del exjuez ha causado una grave crisis política en el Perú, con la dimisión hace dos días del ministro del Interior, Mauro Medina, y el anuncio hoy de una censura por parte del Partido Aprista (PAP, centroizquierda) al primer ministro, César Villanueva.
El exmagistrado, que tenía prohibida la salida de su país, abandonó presuntamente Perú por la frontera con Ecuador el domingo 7 de octubre, día de las elecciones regionales y municipales.
Hinostroza, que presidía la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Perú, era el juez de mayor entidad de «Los cuellos blancos del puerto», como se conocía a una amplia red de tráfico de influencias, favores y prevaricación de la que también participaban políticos y empresarios.
El escándalo saltó al publicarse una serie de grabaciones telefónicas en las que se escucha a Hinostroza negociar prebendas y favores, como en una conversación donde ofrece la absolución para el violador de una niña de 11 años.
El caso provocó la destitución por completo del Consejo Nacional de la Magistratura y de gran parte de los jueces de la Corte Superior de Justicia del Callao.
Aunque aún no se ha confirmado cuál fue su periplo hasta la llegada a España, fuentes oficiales han indicado que llegó el pasado miércoles al aeropuerto de Madrid, aunque solicitó asilo en una comisaría de la Policía Nacional.
La Audiencia Nacional es el tribunal competente en España para decidir sobre las entregas de detenidos a otros países.
Un grupo de peruanos residentes en España se congregó con banderas nacionales y pancartas a las puertas de la Audiencia Nacional, en pleno centro de Madrid, para manifestarse a favor de la extradición de Hinostroza.
La decisión de la Justicia española debe tomar como base el tratado bilateral en vigor desde 1994, y que establece entre otros puntos el principio de doble incriminación, es decir, que se le persiga por una conducta tipificada y castigada en ambos estados, como es el caso de los relacionados con la corrupción, como la prevaricación o el tráfico de influencias.
Además, el tratado determina que se pueda extraditar a personas perseguidas por hechos sancionados, según las leyes de ambas partes, con una pena privativa de libertad cuya duración máxima no sea inferior a un año, un requisito que se cumple también en este caso.
El fiscal supremo peruano, Pablo Sánchez, había afirmado previamente en su país que esperaba que las autoridades españolas procedan a la expulsión de Hinostroza.
«Esperemos que proceda la expulsión, que es lo más rápido, en lugar de la extradición, que demora más tiempo», señaló Sánchez, quien es el fiscal encargado de la investigación y acusación contra Hinostroza, a la emisora RPP Noticias.
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, señaló hoy en Lima que la rápida detención de Hinostroza llevará al Gobierno a centrar sus esfuerzos y el «foco político» en ver «cómo regresa a Perú» para que afronte la acción de la Justicia.
Vizcarra se mostró satisfecho por la celeridad del arresto y alabó la cooperación española para la captura del exjuez, y reveló que este jueves se comunicó con el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez.
