Washington – El gobierno del expresidente Donald Trump aceleró la deportación de decenas de miles de migrantes centroamericanos sin contactar a sus respectivos consulados, tal y como lo requieren las leyes internacionales y las de Estados Unidos, según afirmó este miércoles el American Immigration Council (AIM).
«Nuestras políticas fronterizas en los últimos cuatro años se han definido por un esfuerzo incesante por socavar el proceso debido, con la meta única de detener y deportar a la gente tan pronto como fuese posible», afirmó el director de política de AIM, Jorge Loweree.
AIM, la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) y Human Rights Watch obtuvieron, mediante una demanda legal, documentos relacionados con un programa denominado Verificación Electrónica de Nacionalidad (ENV), empleado por el gobierno dentro de su Protocolo de Protección de Migrantes (MPP).
En cumplimiento del MPP, el gobierno de Trump envió de retorno a México y a América Central a decenas de miles de migrantes que habían llegado a la frontera de EE.UU. y solicitaron asilo.
En lugar de obtener la audiencia en un tribunal de inmigración, como lo estipula la ley, esas personas aguardan en México o en América Central el resultado de sus trámites.
Según AIM, los documentos obtenidos «revelan detalles previamente no divulgados» acerca de la forma en que el Departamento de Seguridad Nacional y sus agencias la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) usaron ENV para repatriar de manera expedita a muchos centroamericanos.
La ley, tanto internacional como la de EE.UU., establece que a un extranjero detenido debe darse el contacto con el consulado de su país de origen a fin de que obtenga asesoría legal.
Uno de los documentos divulgados hoy por AIM muestra un memorando enviado por el exdirector interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Mark Morgan, al entonces secretario interino de Seguridad Nacional (DHS), Kevin McAleenan, sin fecha visible, en el cual se afirma que «los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras han aceptado probar el programa ENV».
El programa, añade el documento, «elimina el requisito de la emisión de documentos de viaje para ciertos ciudadanos guatemaltecos, salvadoreños y hondureños». Esos documentos de viaje se obtienen en los consulados extranjeros.
«Los documentos no dan información acerca de cómo el DHS involucra a los consulados cuando se procesa a un extranjero dentro del ENV», indicó AIM. «El gobierno ha dado poca información acerca del programa ENV, con sólo referencias pasajeras de algunos funcionarios sobre la existencia del programa, y sin cifras del número de personas deportadas bajo ese programa».
Morgan declaró en una audiencia en el congreso en febrero de 2019 que unas 17.000 personas habían sido deportadas bajo el programa ENV.
Por su parte, en su solicitud de recursos para el período fiscal 2021, ICE indicó que había deportado bajo ENV un total de 35.859 personas en vuelos contratados desde la expansión del programa en julio de 2019.
«La falta de transparencia en torno a los programas de deportación expedita como MPP y ENV debe terminar en el gobierno (del presidente Joe) Biden», sostuvo Emily Creighton, directora legal de AIM.
«Si bien este gobierno está revirtiendo, correctamente, el curso con respecto al programa MPP, también debería rechazar programas como ENV en los cuales la deportación ocurre a costa del proceso debido y la oportunidad de presentar argumentos para el asilo».
Gregory Chen, director de AILA, sostuvo que «por dos años el gobierno ha estado saltándose el proceso debido para deportar a decenas de miles de personas usando métodos casi complemente ocultos del escrutinio público».
Por su parte, Clara Long, directora asociada de Human Right Watch (HRW), instó al gobierno de Biden a que «ponga fin al abuso de quienes buscan asilo en la frontera estadounidense y ponga fin a las deportaciones sumarias y aceleradas sin los debidos procesos».
