Washington – El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cambió este jueves las prioridades de detención por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que deberá concentrarse en detener y deportar a inmigrantes que supongan una amenaza para la seguridad nacional.
En un memorando, el DHS definió tres categorías a las cuales el Gobierno dará prioridad en los trámites de deportación, y que estarán vigentes por 90 días.
En ese período, el Gobierno del presidente Joe Biden llevará a cabo consultas dentro del DHS y con otras entidades involucradas en la política migratoria para el diseño de una política permanente en materia de inmigración y asilo.
Según el memorando del DHS, en la primera categoría de deportables están los extranjeros que hayan participado en alguna actividad de espionaje o terrorismo de forma que su expulsión sea necesaria para la protección de la seguridad nacional de Estados Unidos.
La segunda categoría comprende a los extranjeros que presenten un peligro para la sociedad o que hayan sido condenados por delitos graves o vinculación con pandillas criminales.
En la tercera categoría caben los extranjeros detenidos al cruzar la frontera ilegalmente después del 1 de noviembre de 2020 o si no han estado dentro del país antes de esa fecha.
En este sentido, el Gobierno de EE.UU. quiere reiterar a los migrantes que la frontera no está abierta con el objetivo de evitar nEl uevas oleadas de inmigrantes llegando a la frontera con México.
Este documento llega después de que su moratoria de 100 días a las deportaciones fuera bloqueada temporalmente por un juez texano, aunque la estrategia ahora será reducir las detenciones con fines de deportación a los inmigrantes peligrosos y los recién llegados.
Con este memorando cambian radicalmente las prioridades del ICE de los últimos años, durante los cuales la Administración del hoy expresidente Donald Trump pidió a las autoridades migratorias que apuntaran a todos los indocumentados que viven en el país.
Este nuevo modelo se asemeja, en cambio, al mantenido durante el mandato de Barack Obama (2009-2017), aunque eso no significó un menor número de deportaciones, ya que el demócrata expulsó del país o devolvió a sus países de origen a millones de inmigrantes, muchos de ellos en la misma frontera.
Trump deportó a unas 935.000 personas durante su mandato de cuatro años (2017-2021), en comparación con casi 1,6 millones durante el primer mandato de Obama, según cifras del Migration Policy Institute (MPI).
Para detener a un inmigrante que no entre en estas categorías los agentes deberán pedir autorización y justificar los motivos que llevarían a este arresto con vistas a la deportación.
Se restringen además los arrestos de los indocumentados que se encuentren con una persona que sea objetivo de una operación del ICE en el momento de la detención de esta, si no forman parte de los tres grupos de prioridad ya indicados.
Naureen Shah, asesora principal de defensa y políticas de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), criticó este cambio por escaso y lo calificó de «paso atrás decepcionante» de los compromisos de la Administración Biden de romper con las «dañinas políticas de deportación de las presidencias de Trump y Obama».
Lamentó que sigan dando a los oficiales del ICE una «discreción significativa» para llevar a cabo operaciones y consideró que estas prioridades conducirán a «deportaciones continuas y desproporcionadas», pues utilizan presunciones de amenaza «demasiado amplias».
«Las prioridades suponen que todos los que han cruzado recientemente la frontera son amenazas, en total contravención del compromiso del presidente Biden de garantizar que las personas que buscan asilo sean tratadas con dignidad», dijo Shah.
