El ICE y el operador privado de cárceles GEO sufren revés legal en California

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Cerca de 200 reos inmigrantes indocumentados son trasladados a una sección nueva de la cárcel conocida como la ¨ciudad de las carpas¨, en Phoenix, Arizona, donde cumplirán sus sentencias, para después ser deportados a sus países de origen. EFE/José Muñoz/Archivo

Los Ángeles – El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y el operador de cárceles privadas GEO sufrieron una gran derrota legal al tratar de eliminar la ley AB 32 de California, que prohibió la construcción de prisiones privadas y centros de detención y exige que las instalaciones existentes se cierren para 2028 en el estado, destacaron este viernes activistas.

La coalición Dignity Not Detention, que impulsó la aprobación de la ley el año pasado, la cual entró en vigencia este 2020, aplaudió hoy en una conferencia de prensa el fallo de la juez federal del Distrito Sur en San Diego, Janis Sammartino, que el jueves confirmó en gran medida la legalidad de la AB 32.

Según la decisión de la magistrada, cinco centros de detención de inmigrantes en el estado se eliminarían gradualmente en los próximos años.

“No permitiremos que estas cárceles privadas eludan nuestras leyes y la voluntad del pueblo por más tiempo”, dijo hoy Christina Fialho, cofundadora y directora ejecutiva de Freedom for Immigrants (FFI), organización que hace parte de la coalición.

“El fallo de es una gran reprimenda tanto para el ICE como para el Grupo GEO, y un revés para su plan ilícito para subvertir la legislación popular. Mientras esta lucha continúa, está claro que tenemos la Constitución de nuestro lado”, ahondó la activista.

En diciembre de 2019, antes de que entrara en vigor la AB 32, GEO demandó al gobernador de California, Gavin Newsom, y al fiscal general Xavier Becerra alegando que el propósito de la medida era “socavar y eliminar la aplicación aprobada y financiada por el Congreso de las leyes penales y de inmigración federales”, y pedía al tribunal prohibir al estado hacer cumplir el estatuto.

Según la demanda, AB 32 afectará a 10 cárceles y centros de detención de inmigrantes administrados de manera privada en California con casi 11.000 camas en total, la gran mayoría de la capacidad de detención federal en el estado. GEO, que tiene su sede en Florida, administra siete de esas instalaciones.

También en diciembre el ICE firmó nuevos contratos para mantener abiertos los centros de detención de California y expandir algunas de estas cárceles migratorias como la de Adelanto, que está administrado por GEO.

No obstante, en otra derrota para el ICE y GEO, la juez también se negó a mantener afirmativamente esta serie de contratos multimillonarios de 15 años que las corporaciones penitenciarias celebraron con el Gobierno federal.

En este sentido, Kimberly Galindo, de Inland Coalition for Immigrant Justice (ICIJ), subrayó que el ICE está “tomando ventajas de la pandemia de coronavirus” al querer contratar más centros de detención en California.

La activista se refirió a la decisión del ayuntamiento de la ciudad de McFarland, en el Valle Central de California, que aprobó en abril pasado convertir dos cárceles locales en centros de detención de indocumentados para lidiar con sus problemas económicos derivados de la pandemia.

Galindo destacó que en esta zona reside una gran cantidad de trabajadores esenciales y que las acciones del ICE para instalar uno de sus centros es “tramposa y horrible”.

La decisión de la juez llega a pocas semanas que el gobernador Newsom convirtiera en ley otro proyecto que permitirá a los inmigrantes detenidos en cárceles operadas por compañías privadas demandar a esas entidades por no cumplir los estándares de servicio.

Los activistas urgieron hoy al fiscal Becerra a tomar más medidas, incluida la investigación sobre la responsabilidad de las corporaciones penitenciarias que se benefician a costa de la salud y el bienestar de la comunidad.

“Mientras enfrentamos las crisis gemelas de COVID y el racismo sistémico, afirmamos: Ya sea que las jaulas sean administradas por una corporación o el Gobierno, el encarcelamiento es incorrecto, abusivo y debe terminar”, aseguraron en un comunicado conjunto.

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