Según un reciente análisis de Center for American Progress (CAP), en la actualidad unos 661.000 jóvenes están amparados por DACA, lo que les otorga un permiso de residencia y de trabajo hasta por dos años. EFE/Alex Segura/Archivo

Los Ángeles – A poco menos de una semana de que la Corte Suprema de Justicia escuche los argumentos orales sobre el futuro de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), los denominados «soñadores» cuentan con un importante aliado en el sistema universitario del país para defenderse.

En octubre último, una veintena de prestigiosas universidades del país como Harvard, Yale, Columbia y Stanford, presentaron un «amicus brief» en el que argumentan que la interrupción de DACA impediría que «notables» estudiantes puedan quedarse en sus campus.

Además, argumentaron entonces los altos centros de estudios, la cancelación del programa «socavaría la misión educativa de estas universidades al amenazar su capacidad de atraer y educar a los jóvenes más talentosos».

En esa misma línea, los centros de educación superior del país ofrecen a los «soñadores» becas especiales y programas para facilitar su ajuste al sistema educativo, además de centros de apoyo e incluso atención psicológica.

Algunas de las ayudas, que en general apoyan a los estudiantes indocumentados, provienen de leyes estatales actualmente vigentes.

De igual forma, el programa de ayuda a Instituciones que Sirven a los Hispanos (HSI), creado por la Ley de Educación Superior en 1965, ofrece recursos financieros a las entidades no lucrativas que presentan un 25 % o más de estudiantes latinos.

Para 2015, el número de HSI reconocido por la Oficina de Educación post secundaria ascendía a 472 entidades educativas del país, lo que representa otra importante oportunidad de apoyo para muchos «soñadores» latinos.

Asimismo, en 16 estados del país, los estudiantes indocumentados pagan en las universidades públicas el mismo valor de matrícula que los residentes legales, lo que representa un importante ahorro sus costos de educación superior.

Ese es el caso de California, Colorado, Connecticut, Florida, Illinois, Kansas, Maryland, Minesota, Nebraska, Nueva Jersey, Nueva México, Nuevo York, Oregón, Texas, Utah y Washington.

También, las universidades públicas de Arizona aprobaron en agosto «colegiaturas reducidas» a los estudiantes indocumentados que se gradúan de secundarias locales y que ya no pueden aplicar al permiso de DACA.

Adicionalmente, California, Minesota, Nuevo México, Oregón, Texas y Washington permiten que los jóvenes indocumentados se beneficien de las becas estatales, mientras Virginia lo ofrece únicamente para los estudiantes amparados por DACA.

«Yo fui estudiante indocumentada y conozco demasiado bien todas las dificultades que enfrentan los dreamers», declaró a Efe Blanca Rubio, asambleísta demócrata de Baldwin Park, en California.

Rubio es autora principal de una ley que requiere que el sistema de la Universidad Estatal de California (CSU) y los colegios públicos del estado tengan un miembro de su personal dedicado específicamente a ofrecer apoyo a los «soñadores».

La ley AB1645, firmada en octubre pasado por el gobernador estatal Gavin Newsom, estimula a estos centros educativos y a la Universidad de California (UC) a la creación de Centros de Recursos que permitan ofrecer servicios especializados a estos jóvenes inmigrantes, incluyendo consejería y ayuda legal.

El lunes pasado, el Colegio del Desierto en Palm Desert, al sureste de Los Ángeles, abrió su Centro de Recursos para Soñadores que ofrecerá información para completar una carrera profesional de cuatro años.

«Abrazamos la diversidad en todas las formas y el derecho de todas las personas a tener acceso a una educación superior de calidad en un ambiente de aprendizaje seguro», declaró a Efe Joel Kinnamon, superintendente y presidente del Distrito de Colegios Comunitarios del Desierto.

Según un reciente análisis de Center for American Progress (CAP), en la actualidad unos 661.000 jóvenes están amparados por DACA, lo que les otorga un permiso de residencia y de trabajo hasta por dos años.

DACA fue aprobado por el expresidente Barack Obama (2009-2017) en 2012 para proteger de la deportación a cientos de miles de jóvenes indocumentados que llegaron al país como niños; pero en septiembre de 2017, Trump acabó con el programa.

The Dream.US es una de las organizaciones nacionales no lucrativas que han ayudado a «cerca de 6.000 estudiantes soñadores altamente motivados a graduarse de la universidad», según informó Gaby Pacheco, directora de Programas, Defensoría, desarrollo y comunicaciones.

Esta entidad elige «soñadores» con condiciones para ser exitosos en la educación superior y los apoya con ayuda económica y el respaldo de universidades vinculadas.

En otoño de 2018, The Dream.US contaba con 3.300 estudiantes becados y más de 200 millones de dólares en becas pagadas o garantizadas para estos jóvenes.

Por otra parte, el Centro de Estudios California-México (CMSC) ha ayudado a cientos de soñadores a viajar a sus países de origen «a conectarse con sus raíces».

El denominado permiso «Advance Parole» autorizaba a los soñadores a viajar fuera del país por motivos académicos, laborales o humanitarios y regresar a los Estados Unidos sin perder su estatus.

Pero con la cancelación de DACA por Trump, este permiso también fue suspendido, por lo que muchos de estos jóvenes estarán presentes en Washington el 12 de noviembre próximo pidiendo a la Corte Suprema de Justicia que se restablezca DACA.