Washington – El Tribunal Supremo de Estados Unidos aceptó este martes la demanda del Gobierno de Donald Trump para poner fin de inmediato al censo de 2020, un conteo que se hace cada 10 años y que se ha visto afectado por la pandemia.
El censo estaba previsto que terminase ya este 31 de octubre, pero otra fecha en litigio era la de entrega de sus resultados a la Casa Blanca, que con la decisión del Supremo queda para el 31 de diciembre en lugar del 30 de abril de 2021.
Con este calendario será seguro el Gobierno de Trump -aunque no gane las elecciones- quien envíe al Congreso esos resultados, que sirven para diseñar en función de la población el mapa electoral de la Cámara Baja de EE.UU. y la distribución de miles de millones de dólares en recursos federales.
El Gobierno de Trump ha anunciado ya su intención de dejar fuera de esos totales a los inmigrantes irregulares.
El Tribunal Supremo no publicó este martes un fallo justificando los motivos de su decisión, pero la magistrada progresista Sonia Sotomayor si hizo pública su opinión disconforme.
«Los daños causados por apresurar el conteo del censo de este año son irreparables», dijo la magistrada, quien advirtió además de que tendrán un «impacto duradero durante al menos los próximos 10 años».
Quienes se oponían a la finalización del censo argumentaron que hacerlo resultará en un infrarregistro de las comunidades migrantes, minorías o pobres, excluyéndolos así de futura financiación y representación en el Congreso.
La Oficina del Censo anunció este martes que ya ha contado a los residentes en el 99,9 % de las viviendas en Estados Unidos, por lo que el trabajo está prácticamente completo.
El censo se realiza cada 10 años por mandato constitucional y el propósito de contar a todas las personas presentes en el país es la asignación de representación de los estados en el Congreso y el Colegio Electoral, y de miles de millones de dólares para programas de infraestructura, hospitales, escuelas y asistencia social.
En todos los censos realizados desde 1790 se han tomado en cuenta todas las personas presentes en el país, fuera cual fuese su situación migratoria.
En 2019, sin embargo, Trump intentó que el cuestionario del censo incluyera una pregunta acerca de la ciudadanía de los residentes en el país, en otra batalla que concluyó con una decisión del Supremo desfavorable para el presidente.
