San Diego – El centro de detenciones migratorias de Otay Mesa, en California, se convierte rápidamente en un foco de la pandemia de COVID-19 con más de 150 contagios confirmados, un inmigrante intubado, un centenar de detenidos que exigen protección mediante huelga de hambre y la exigencia de un tribunal de liberar a los más vulnerables, a lo que ahora se suman demandas de dos guardias mujeres porque el centro no les brinda protección.
«La mejor opción es que liberen a todos los detenidos ahora», dijo a Efe el director del Comité de Servicios de los Amigos Americanos en San Diego, Pedro Ríos. «Es un centro con historial de negligencia médica y con sobrepoblación en el que los detenidos no pueden mantener la distancia entre sí que exige el estado de California», abundó.
El centro, ubicado a unos kilómetros de la frontera con México, se convirtió desde hace semanas en el que tiene el mayor número de contagios de coronavirus en el país.
El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) informó este viernes que en Otay Mesa tiene a 98 inmigrantes detenidos bajo su custodia, la Oficina del Marshall federal informó el domingo que tiene 47 detenidos sin actualizar hasta ahora la cifra, y la empresa privada de cárceles CoreCivic por su parte dejó de actualizar cifras de guardias contagiados desde hace dos semanas, cuando se mencionó a 18 con COVID-19.
Solo mediante una audiencia en una corte federal, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) se enteró en la semana que uno de los inmigrantes contagiados está internado con respirador artificial en un hospital de Chula Vista, California.
Mientras que escasos datos que los inmigrantes proporcionan a la prensa confirman una situación caótica, la información de autoridades en el centro de detenciones es contradictoria.
En una audiencia el viernes, el director del centro, Christopher Larose, dijo al juez Dana Sabraw que Otay Mesa solo tiene ocho detenidos que por su edad o condición médica son vulnerables a la COVID-19; momentos después el ICE informó que bajo su custodia en el mismo centro tiene entre 51 y 69 personas en esa situación.
«Esto quiere decir que al caos que ya impera en el centro de detenciones de Otay Mesa, las autoridades contribuyen o con negligencia en informarse de las condiciones de los detenidos, o que sí conocen las circunstancias pero actúan con mala voluntad», dijo Ríos.
La mala intención sería la que privaría en las condiciones del centro, de acuerdo con la portavoz de la Resistencia a las Detenciones en Otay Mesa, grupo que pide la liberación condicional de todos los detenidos, Mindy Pressman.
«En primer lugar, el director del ICE en San Diego, Gregory Archambeault, es un soldado de infantería leal en la guerra de (el presidente Donald) Trump contra los inmigrantes, que pone en peligro al condado de San Diego al negarse a liberar detenidos y mantener condiciones insalubres e inhumanas», dijo.
Pero al mismo tiempo la corporación CoreCivic, propietaria del centro, «solo se preocupa por sus ganancias, al aumentar el número de detenidos y reducir gastos de limpieza, equipos de protección personal y alimentos».
En respuesta a una demanda colectiva de la ACLU a nombre de varios migrantes, el juez Sabraw ordenó que el lunes el centro y el ICE informen cuántos migrantes vulnerables saldrán para prevenir contagios que podrían ser fatales. Esa resolución solo se aplica para los detenidos por el ICE en Otay Mesa, por lo que la ACLU tuvo que presentar una demanda colectiva adicional contra la Oficina del Marshall, en un caso que continuará en unos días.
Mientras tanto alrededor de un centenar de inmigrantes en el centro de detenciones mantienen una huelga de hambre en demanda de seguridad ante el brote dr COVID-19, que rápidamente crece en Otay Mesa.
Los contagios se iniciaron con una guardia contagiada que adquirió el virus a fines de marzo. Para el 3 de abril, detenidos que llamaron por teléfono a miembros de la Resistencia informaron sobre una segunda guardia contagiada y por primera vez un inmigrante con el patógeno.
En menos de un mes ya se sabe de alrededor de 150 contagios, por lo menos uno de ellos grave, y las condiciones no mejoran.
A mediados de abril una detenida mexicana pudo hablar por teléfono a la organización Pueblo Sin Fronteras en el momento en que la rociaban con gas pimienta por tratar de hacerse con sus ropas un cubreboca, temerosa por los contagios que veía aumentar.
Tras conocerse ese incidente, el Otay Mesa concedió una mascarilla para que usara todo el tiempo que estuviera detenida cada persona, pero a condición de que los interesados firmaran documentos en inglés en que liberaban a CoreCivic de toda responsabilidad sobre su salud.
Organizaciones civiles y la presidenta de la bancada latina en California, la asambleísta Lorena González, intentaron entregar 1.000 mascarillas adicionales a los detenidos, pero el centro las rechazó.
Un inmigrante detenido en Otay que habló recientemente a Efe en San Diego dijo que la petición de todos los detenidos es que les dejen salir en libertad condicional mientras se reinician las audiencias en la corte de migración. Esa fecha fue pospuesta este viernes para el 1 de junio.
«De lo contrario, si todo esto ha pasado en menos de un mes, cómo estaremos en unas semanas», cuestionó el migrante.
También los guardias se comienzan a rebelar. Dos guardias mujeres presentaron el viernes demandas separadas contra el centro de Otay Mesa por falta de seguridad para los empleados.
Desde antes de registrarse el primer contagio, guardias del centro se quejaban de reuniones diarias con aglomeraciones en pequeñas oficinas y falta de equipo de protección ante la COVID-19.
