Tegucigalpa – De acuerdo a estadísticas del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Entre el 2016 y el 2023 se identificó cerca de 8 mil 200 casos relacionados al desplazamiento forzado, de los cuales 3 mil 116 (38 %) estaban en situación de desplazamiento y 5 mil 84 (62 %) en riesgo.
La violencia que se vive en el país es uno de los factores que está generando el desplazamiento forzado de centenares de personas en el país, principalmente en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, reveló el Conadeh.
La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes indicó que al realizar un análisis de los hechos que se registran, diariamente, a nivel nacional, se identificó que los casos de desplazamiento forzado por violencia se incrementaron en el 2023 y que las proyecciones, en el 2024, indican que van al alza.
Reveló que, uno de los factores que está generando desplazamiento forzado es la violencia, principalmente en las grandes ciudades.
Entre más grandes son las ciudades y entre más violencia se reporta, estamos viendo que más gente está siendo desplazada y huyendo de su casa por amenazas, extorsiones, asesinatos y despojo de sus propiedades.
El reclutamiento forzado de niños y niñas, por parte de estructuras criminales, es otra de las causas que está afectando y generando que núcleos familiares tengan que movilizarse y salir huyendo prácticamente de sus colonias y de sus municipios.
Denuncias
Entre el 2016 y el 2023, la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno del Conadeh (UDFI) identificó cerca de 8 mil 200 casos relacionados al desplazamiento forzado, de los cuales 3 mil 116 (38 %) estaban en situación de desplazamiento y 5 mil 84 (62 %) en riesgo de desplazamiento.
En el 2022, el número de quejas presentadas, ante el Conadeh, por personas en riesgo o víctimas de desplazamiento forzado sumaron mil 417, cantidad que ascendió a mil 699, en el 2023, es decir una diferencia superior a los 280 casos.
Reyes destacó que, al igual que en los años anteriores, las quejas relacionadas con el desplazamiento forzado interno de personas por violencia se concentraron, mayoritariamente, en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés.
Mencionó como ejemplo que, el departamento de Francisco Morazán pasó de registrar 617 quejas en el 2022 a 841 en el 2023, seguido por el departamento de Cortés que de 315 quejas en el 2022 pasó a 364 un año después.
Explicó que el Conadeh atendió casos de desplazamiento forzado en el que el afectado era una sola persona, pero también casos que afectaban a 17 o más víctimas.
El desplazamiento forzado no solo afecta a un núcleo familiar también puede afectar otros núcleos familiares de hermanos, padres, expresó.
Hemos visto casos donde los afectados son varios núcleos de una misma familia, son grupos inmensos y es lamentable porque todos tienen que salir huyendo de la comunidad, de sus municipios y empezar una nueva vida sin medios para subsistir.
Desplazados por violencia
La Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre identificó que los grupos poblacionales más afectados por el desplazamiento forzado, en el 2023, según su profesión u oficio, son los comerciantes que interpusieron 266 quejas, seguidas por las amas de casa con 250.
Otros sectores víctimas y en riesgo de desplazamiento forzado son los maestros, profesionales del derecho, periodistas, comunicadores sociales, defensores de derechos humanos, taxistas, y buseros entre otros.
Entre las causas del desplazamiento forzado figuran las amenazas, extorsión, la muerte violenta de miembros de la familia, la tentativa de homicidio, el abuso sexual, la violencia intrafamiliar, el reclutamiento forzado de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, la usurpación, despojo o destrucción de viviendas, tierras y propiedades.
Las personas desplazadas que huyen de la violencia, en sus comunidades, urgen de alimentación, alojamiento temporal, asistencia médica, medidas de seguridad y protección para su integridad y su vida, protección de sus bienes, acceso a la justicia, acceso a la educación para los niños y adolescentes y la reintegración familiar, necesidades que deben ser satisfechas por el Estado, concluyó.
