Portland (OR) – El Procurador General del estado de Washington, Bob Ferguson, demandó este martes a la administración del presidente Donald Trump por arrestar inmigrantes dentro y cerca de los tribunales, una práctica que considera perjudicial para la seguridad pública y el sistema de justicia del estado.
«Si los funcionarios de inmigración pueden demostrar que sus arrestos en los juzgados sólo atacan a criminales peligrosos, abandonaré esta demanda», dijo Ferguson en un comunicado que emitió su Oficina.
«Pero no lo harán, porque no pueden. El Gobierno federal ha arrestado a muchas personas que simplemente intentan acceder a la justicia para ellos o sus familias y (el arresto) es ilegal, nos hace a todos menos seguros y debe detenerse», agregó.
Desde 2017, las autoridades de inmigración han arrestado a cientos de inmigrantes en o cerca de los tribunales en Washington.
En enero de 2018, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió formalmente una directiva y «preguntas frecuentes» admitiendo sus intervenciones en los tribunales.
Los documentos de DHS sugieren que los arrestos en las cortes se dirigen a individuos específicos, incluidos aquellos con «condenas penales, miembros de pandillas, amenazas de seguridad nacional o de seguridad pública».
Contrariamente a lo que afirman los funcionarios de inmigración, la evidencia muestra que estos arrestos no se limitan a personas peligrosas.
Muchos fueron víctimas de delitos o comparecieron ante el tribunal por cargos no violentos, como delitos de tránsito, sin antecedentes penales. Otros estaban allí para registrar vehículos motorizados, pagar multas de tránsito o acompañar a un pariente al juzgado.
Algunos de ellos son arrestados cuando comparecen en los tribunales para protegerse contra la violencia, esperando órdenes de protección contra sus abusadores.
La Oficina del Fiscal General de Washington descubrió evidencia en todo el estado de que la conducta del DHS hace que testigos, víctimas y otras personas se nieguen a ingresar a los tribunales, algo que reduce la seguridad pública.
El fiscal del condado de Thurston, Jon Tunheim, declaró que «específicamente, las víctimas de violencia doméstica indocumentadas han expresado a sus defensores que ya no se sienten seguras al denunciar abusos a las autoridades por temor a la deportación».
«Esto los deja a ellos y a su familia en alto riesgo de abuso. Los perpetradores con estatus legal usan ese privilegio como una táctica de control adicional contra las víctimas indocumentadas al amenazar constantemente con deportarlos y separarlos de sus hijos», agregó Tunheim.
La demanda de hoy es la número 53 contra la administración Trump por parte del procurador general del estado de Washington. Hasta el momento, Ferguson no ha perdido ningún caso.
