Los Ángeles – Residentes permanentes que cometan delitos menores ahora están más expuestos a una deportación advierten defensores de los inmigrantes, tras la decisión este jueves del Tribunal Supremo en contra de un migrante jamaiquino que estaba tratando de evitar su expulsión tras ser convicto por varios crímenes.
En un voto 5-4, manteniendo la división de conservadores y liberales, el máximo tribunal confirmó la decisión de un corte que determinó que el jamaiquino Andre Martello Barton no era elegible para acogerse a una ley que permite a residentes permanentes de larga data evitar su deportación tras cometer varios delitos, el primero de ellos en 1996.
UNA DECISIÓN QUE AFECTA A MILES
“Definitivamente esta decisión puede afectar a miles de residentes permanentes que cometan un delito, así sea menor”, dijo a Efe el abogado de inmigración Luis Cortes.
El jurista de origen mexicano advierte que en la forma que está escrita la decisión, el Tribunal amplia la lista de los delitos menores por los que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) puede perseguir a los residentes permanentes y deportarlos.
La nueva puerta a la expulsión que se abre se refiere a una ley de inmigración que permite a los residentes permanentes con ordenes de deportación solicitar la cancelación de la expulsión, pero solo si cumplen con ciertos requisitos, incluyendo no haber cometido un delito en particular durante los primeros siete años de residencia continua en el país.
Los abogados de Barton, padre de 4 hijos, argumentaban que el migrante debería ser cobijado con la cancelación de expulsión porque su primer delito no era considerado como grave.
El jamaiquino, que llegó siendo un niño a Estados Unidos, fue arrestado por primera vez en 1996, cuando tenía 18 años, después de que un amigo suyo disparara a la casa de su exnovia estando él presente, y ambos fueron condenados, pese a que Barton testificó más tarde ante un juez migratorio que él no sabía que su amigo tenía una arma ni que planeaba abrir fuego.
El juez Brett Kavanaugh, nombrado por el presidente Donald Trump, escribió en la opinión que “la deportación es particularmente difícil cuando involucra a alguien como Barton que ha pasado la mayor parte de su vida en los Estados Unidos. Sin embargo, el Congreso tomó la decisión de autorizar la expulsión de no ciudadanos, incluso residentes permanentes legales, que hayan cometido ciertos delitos graves».
EL LENGUAJE DE LAS LEYES
Cortes explica que el problema está en los delitos que el Congreso ha clasificado en la ley como graves, y que a la luz de los códigos penales algunos de estos crímenes son clasificados como menores, y tienen condenas leves.
Especialmente los delitos catalogados como de “torpeza moral”, entre los que se incluyen delitos relacionados con violencia doméstica, fraudes, o robos a tiendas, entre otros.
En este sentido Emma Winger, abogada del American Immigration Council, dijo a Efe que esta decisión ilustra nuevamente lo duras que son las leyes de inmigración de Estados Unidos con respecto a residentes permanentes y en particular a aquellos que tienen una historia criminal menor.
“Cuando se sigue restringiendo a los jueces a permitir que un residente permanente se quede en los Estados Unidos incluso cuando tiene condenas criminales pequeñas hace que nuestras leyes de inmigración se apliquen de manera más dura”, resaltó.
Winger llama la atención sobre la opinión de Kavanaugh, que habla como al Congreso se le permite deportar o crear reglas que resulten en la deportación de residentes permanentes legales basados en su determinación de “convicciones serias”.
“Solo quiero aclarar que alguien podría ser deportado por lo que se consideraría una convicción relativamente menor porque nuestras leyes de inmigración tienen rangos muy extensos”, resaltó la abogada.
OTRA VICTORIA PARA TRUMP
Por su parte Cortes subraya que este es otro triunfo para el gobierno del presidente Donald Trump, que desde su campaña presidencial ha llamado a los inmigrantes «criminales».
«Hemos visto una agenda para quitarle toda clase de recursos a los inmigrantes en general. A los DACA, a los indocumentados, a los que intentan arreglar su estatus, y ahora contra los residentes permanentes para hacer más fácil deportarlos», consideró.
Este miércoles, el mandatario firmó una orden ejecutiva que congela durante al menos 60 días la inmigración al país bajo el argumento de la destrucción de empleos provocada por la crisis del COVID-19.
Durante este periodo de excepción, tan solo esposos extranjeros de ciudadanos estadounidenses o hijos menores de 21 años podrán acceder a un permiso de residencia permanente, excluyendo a progenitores, hermanos o hijos independientemente de la edad, como indica la ley. También excluye a esposos e hijos de residentes permanentes.
RESIDENTES EN LA MIRA
Tanto Cortes como Winger aconsejaron a residentes permanentes con antecedentes menores consultar con expertos en inmigración para evaluar si la decisión podría afectarles.
«Son momentos duros, y hay que estar preparados», dijo Cortes.
