Los Ángeles – Inmigrantes que están peleando su deportación tienen desde este jueves la posibilidad de pedir el cierre administrativo de sus casos en los tribunales de inmigración, después que el fiscal general, Merrick Garland, revirtiera una orden de la Administración de Donald Trump (2017-2021) que había puesto fin a esta posibilidad.
Garland revocó la decisión de su antecesor, Jeff Sessions, sobre el caso conocido como “Matter Castro-Tum”, que eliminó el cierre administrativo en los procesos migratorios.
La decisión de Sessions de agosto de 2018 arrebató a los jueces de inmigración la autoridad para cerrar los casos administrativamente, lo que permitía eliminar la orden de deportación contra el inmigrante.
El fin de esta posibilidad generó entonces críticas por parte de los defensores de los inmigrantes, que iniciaron varias demandas contra el gobierno del republicano.
En junio de 2020, la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito se unió al Cuarto Circuito para rechazar esa decisión, permitiendo que el cierre administrativo estuviera disponible una vez más en los procedimientos de inmigración pero solo dentro de determinados estados, por lo que la acción de Garland fue celebrada ahora por los defensores de los migrantes.
Karen Tunlim, fundadora del Justice Action Center, dijo en un mensaje por Twitter que “la decisión de hoy pone fin al miedo constante al que se han enfrentado cientos de miles” de migrantes.
La abogada agradeció el cambio hecho por Garland, medida a la que calificó de “necesaria”.
Sessions había tomado el caso del guatemalteco Reynaldo Castro Tum, que ingresó de forma indocumentada en 2014 siendo menor de edad.
El adolescente guatemalteco, de 17 años en ese entonces, fue detenido por la Patrulla Fronteriza, que lo remitió a la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos como menor no acompañado.
Castro Tum fue entregado bajo custodia de su cuñado, que dejó su dirección como la residencia donde el joven estaría.
Como parte del proceso, el Gobierno envió múltiples avisos de audiencias judiciales a esa dirección. Sin embargo, el joven no apareció.
En la quinta audiencia un juez de inmigración cerró el caso hasta que el gobierno le proporcionó pruebas de que Castro Tum había vivido alguna vez en la dirección a la que enviaban las notificaciones.
Sessions se remitió el caso a sí mismo y dictaminó que los jueces de inmigración en general ya no podían cerrar los casos de inmigración como lo consideraran conveniente.
El exfiscal general argumentó en su momento que los jueces de inmigración carecen de autoridad para hacer tales cierres administrativos de los casos.
