Decenas de migrantes, la mayoría con niños, retornan a territorio mexicano por la garita del chaparral, en la ciudad de Tijuana, del estado de Baja California (México). EFE/ Joebeth Terriquez/Archivo

Washington – La organización Human Rights Watch (HRW) pidió este jueves al Gobierno de EE.UU. parar durante la pandemia las deportaciones de inmigrantes detenidos para evitar que el virus se disemine aún más.

«El Gobierno de EE.UU. debería imponer inmediatamente una moratoria en las deportaciones durante la pandemia del COVID-19 para evitar contribuir a la expansión global del virus», expuso la entidad en un comunicado.

HRW denuncia que mientras el país norteamericano es el que registra el mayor número de infectados por coronavirus de todo el mundo, mantiene a numerosos inmigrantes encerrados en los centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) donde es imposible mantener la distancia social recomendable y el acceso a medios sanitarios y de higiene puede ser complicado.

Sin embargo, añade, continua deportando a personas que han estado en estos centros y que podrían ser portadores del virus, pues dicen que solo entre el 3 de febrero y el 24 de abril EE.UU. fletó 232 vuelos de deportación a América Latina y el Caribe.

«A pesar de los brotes del COVID-19 en los centros estadounidenses de detención de inmigrantes y las restricciones de viaje en todo el mundo, EE.UU. ha continuado con las deportaciones sin prestar mucha atención a las consecuencias», lamentó en este comunicado Nicole Austin-Hillery, directora del programa en EE.UU. de HRW.

A lo que añadió que «con estas temerarias deportaciones la Administración de Donald Trump está contribuyendo a la expansión de la COVID-19 y poniendo en peligro la salud pública global».

HRW expone que en estos centro de detención, en los que según ICE ya se han detectado 818 casos entre los internados, los inmigrantes no tienen acceso a medidas preventivas como mascarillas e incluso en algunos casos son obligados a pagar por el jabón.

La organización considera por tanto que enviar a sus países de origen a estas personas, en los que en muchas ocasiones no tienen acceso a la sanidad y necesidades básicas, es un agravio añadido para ellos y sus comunidades, a las que exponen al virus.

Estados Unidos llegó a 1.856.118 casos confirmados de COVID-19, con 107.281 fallecidos, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.