Varias de mujeres observan una multitudinaria manifestación contra la Ley de Ciudadanía en una acampada del barrio musulmán de Shaheen Bagh, al sur de la capital, en Nueva Delhi (India), el pasado 7 de febrero. Dicho enclave se ha convertido en un escenario de protestas permanentes contra la iniciativa del Gobierno de Narendra Modi por considerar que discrimina a los musulmanes. EFE/David Asta Alares

Nueva Delhi – Abdullah, un refugiado en la India de la minoría rohinyá, es presa del mismo miedo en su campamento de chabolas en Nueva Delhi que el que le hizo huir de Birmania (Myanmar) hace casi una década, entre las llamadas crecientes desde el Gobierno indio de expulsar a los «infiltrados» en el país.

El término cargado de connotaciones negativas es utilizado por el Gobierno nacionalista hindú del primer ministro, Narendra Modi, para referirse a los inmigrantes irregulares que pretenden identificar por medio de un censo por ahora hipotético.

Modi y otros líderes del partido Bharatiya Janata Party (BJP) han declarado querer «liberar al país de los infiltrados» en múltiples ocasiones y el ministro del Interior, Amit Shah, comparó a los inmigrantes con «termitas».

El discurso antiimigrante llegó al punto de atraer burlas en las redes sociales cuando el secretario general nacional del BJP, Kailash Vijayvargiya, aseguró haber expulsado a unos trabajadores de su casa al sospechar que eran bangladesíes.

Solo comían un tipo de arroz aplanado llamado «poha», dijo hace unas semanas, antes de recordarle con una mezcla de comentarios jocosos y dolidos que el plato es popular en partes de la India.

Para Abdullah y el resto de sus casi 250 vecinos de la minoría rohinyá, que viven en hogares improvisados con chapas y toldos con una electricidad errática en un terreno del sur de la capital, la retórica política tiene consecuencias muy reales.

NOCHES SIN SUEÑO

«Aquí me siento más asustado de lo que solía estarlo en Birmania. Hasta 2017 (la situación) era algo mejor, pero ahora no tengo palabras», dijo a Efe este hombre de 29 años.

Casado y con dos hijos que nacieron ya en la India, Abdullah llegó al país guiado por la imagen de armonía y justicia social del cine de Bollywood, tras ver arder su casa en Birmania.

En Nueva Delhi, ha visto su hogar temporal sucumbir a las llamas en 2018 en lo que, afirma, fue un incendio intencionado. Ahora no duerme por las noches y teme ser filmado por miedo a represalias.

Unos 18.000 rohinyás viven en la India tras años de persecución violenta en su país de origen, según las estimaciones de organizaciones internacionales, en muchos casos desde antes del éxodo masivo de los miembros de esta minoría al vecino Bangladesh en agosto de 2017.

Recientemente descubrieron a tres hombres enmascarados rondando el campamento que huyeron tras ser avistados.

«Tenemos miedo y hemos visto muchos vídeos en las redes sociales donde amenazan a los rohinyás, donde hay indios que nos amenazan diciendo que nos van a matar y expulsar. Hemos visto vídeos en los últimos días sobre todo desde que la Ley de Ciudadanía fue aprobada», explicó Abdullah.

EL EFECTO NOCIVO DE LA POLÉMICA LEY DE CIUDADANÍA

El Parlamento indio aprobó el pasado diciembre una polémica enmienda a la Ley de Ciudadanía que busca dar la nacionalidad a inmigrantes irregulares de países vecinos que pertenezcan a las religiones hindú, sij, budista, jain, parsi y cristiana.

El Gobierno defiende la ley como necesaria para acoger a las minorías perseguidas, mientras que sus críticos la denuncian por discriminar a los musulmanes y ven en el texto un intento de relegar a ciudadanos de segunda clase a los seguidores de esta religión.

¿Por qué importa este debate a los perseguidos rohinyás, poseedores además de tarjetas oficiales de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR)?

«Al principio nos sentíamos tranquilos, pero desde la Ley de Ciudadanía ya no estamos seguros. No debería afectarnos, pero lo está haciendo», explicó a Efe Mohammad Haroon, uno de los líderes del campamento.

Especialmente porque el barrio predominantemente musulmán de Shaheen Bagh, donde una acampada en el sur de la capital es el escenario de manifestaciones permanentes contra la iniciativa de Modi desde hace dos meses, está a tan solo diez minutos de distancia.

Sobre la carretera salpicada de carteles combativos y bloqueada por varios cientos de manifestantes, donde las mujeres ocupan un papel destacado, la activista y antigua profesora de la Universidad Jamia Millia Islamia Sarvatali mostró su rechazo al Gobierno.

«Somos un país secular, no nos guiamos por la religión. Se trata de un ataque a la Constitución (…) y no van a parar. Están intentando crear un país primero para los hindúes», dijo, resumiendo el sentimiento de la protesta de que se trata de una ley contra los musulmanes.

BUENOS CONTRA MALOS INMIGRANTES

Para la profesora adjunta de sociología en la Universidad de Delhi Radhika Chopra, el nacionalismo hindú de Modi está proyectando una imagen de buenos frente a malos inmigrantes. Las minorías perseguidas frente a los «infiltrados» o las «termitas».

«La cosa es que las termitas se meten en todos los lugares seguros como los armarios y hasta las habitaciones, ese es el mensaje que quieren enviar», dijo Chopra.

Un lenguaje, denunció a Efe el director general de Amnistía Internacional en la India, Avinash Kumar, «dirigido sobre todo contra los musulmanes para mostrarlos como intrusos y extranjeros» como parte de la «agenda política» del BJP.

No solo los inmigrantes irregulares sufren las consecuencias. Kumar recuerda que recientemente la Policía de la ciudad sureña de Bangalore destruyó un barrio chabolista porque sospechaban que vivían bangladesíes.

«Resulta que la mayoría de los residentes eran indios, pero sufrieron solo porque venían de fuera y hablaban un idioma diferente», lamentó.