San Diego (CA) – Los jueces de inmigración necesitan independencia sobre el programa MPP por el que el Gobierno del presidente Donald Trump envía de vuelta a México a miles de solicitantes de asilo, indicó a Efe la presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ), Afsaneh Ashley Tabaddor.
De acuerdo con la jurista, algunos magistrados en San Diego, California, han tenido que ir en contra de la Administración Trump simplemente a la hora de tomar decisiones independientes que se les han negado con respecto a migrantes.
«Los jueces somos parte del Departamento de Justicia (DOJ), pero todo el programa de Protocolos de Protección a Migrantes lo dirige el Departamento de Seguridad Interior (HSD), y entonces el DOJ hace lo que el HSD le dice que haga», aseguró Tabaddor, que representa a 440 jueces en el país.
La prevalencia del Departamento de Seguridad sobre el de Justicia, que no es una agencia del orden, «prioriza sanciones a la inmigración y hace que las cortes actúen de una manera en que regularmente no lo harían», amplió la jueza a Efe el miércoles durante una conversación telefónica.
En el caso de Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), «el conflicto de intereses ha alcanzo una nueva dimensión que nunca antes habíamos visto; vemos números de casos sin precedentes calendarizados, carencia de abogados, cargos federales; tenemos que enfrentar muchos retos», sostuvo.
La presidenta de los jueces de migración explicó que conoce casos de jueces que al asumir independencia en sus determinaciones, contradicen disposiciones de la administración Trump únicamente en el área de San Diego.
Dijo también que en otras zonas de la frontera, como en Texas, algunos jueces han tenido que llevar a cabo audiencias por video y que no es fácil hacerlo por esa vía.
La llegada del programa de MPP, que arrancó en enero pasado, impulsa una demanda de la organización de jueces de inmigración que desde hace años trata de independizarse del Departamento de Justicia.
La American Bar Association (ABA) pidió en julio en una carta al Congreso otorgar esa independencia a los jueves de inmigración.
«Hemos tenido un creciente respaldo en esa demanda; hay un buen número de organizaciones legales que nos apoyan», explicó la jueza, pero en tanto se avanza, los jueces en San Diego comenzaron a tomar decisiones de manera independiente.
En las dos ciudades mexicanas fronterizas que reciben migrantes a través del MPP y que corresponden a cortes de San Diego, Tijuana y Mexicali, hay unos 17.000 migrantes que aguardan resoluciones y citas para audiencias.
De ellos, los jueces en el área han atendido a aproximadamente 4.500, de acuerdo con cálculos de la jueza.
Para muchos de esos casos, los jueces de inmigración enfrentan la presión adicional de constantes cambios.
Por ejemplo, en julio, la Administración decidió que negaría el derecho a solicitar asilo a los migrantes que para llegar a la frontera desde México hayan cruzado otras naciones en las que pudieron pedir refugio.
Sin embargo, semanas después, una demanda ante una corte federal suspendió temporalmente esa disposición.
También hay casos en que a los migrantes se les da información errónea sobre citas en las cortes, o se les impide entrar cuando deben presentarse porque en la frontera el MPP depende enteramente de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que prioriza sanciones a migrantes.
«Sí tengo una petición al público», dijo la jueza Tabbador, «es que comprenda que las cortes y los jueces no actuamos independientes, y nuestro deseo es ser independientes».
«Es muy importante, porque cuando el público se entera de resultados de casos de migración, puede pensar que fueron decisiones de los jueces, y nosotros trabajamos entre enormes presiones y el conflicto de interés con los departamentos» (de Justicia y de Seguridad), reclamó la jueza Tabbador.
El programa MPP ha enviado desde finales de enero a esperar a México a más de 52.000 migrantes, según datos de funcionarios de migración. Solo se conoce de 19 casos que han sido aprobados.
De acuerdo con datos recientes de la Universidad de Syracuse (Nueva York), solo el 1,2 por ciento de los migrantes que forman parte del programa tienen asesoría de abogados.
