Los Ángeles – Un juez federal en California dijo este miércoles que en el plazo de una semana decidirá sobre una demanda que pide bloquear las restricciones de asilo del gobierno del presidente de EE.UU., Joe Biden, tras el fin del Título 42 en mayo pasado.
El magistrado Jon S. Tigar de California escuchó hoy a los demandantes, que rechazan la medida impuesta por la Casa Blanca al considerar que viola las leyes de asilo de EE.UU. y pone en grave peligro a los solicitantes.
La demanda fue presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), el Centro Nacional de Justicia para el Inmigrante y el Centro Hastings para Estudios de Género y Refugiados.
El juez Tigar es conocido por haber bloqueado la medida del gobierno de Donald Trump (2017-2021) que restringía la posibilidad de pedir asilo a los migrantes que hubieran pasado antes por otros países, donde debían dirigir sus solicitudes antes de proseguir su camino hacia EE.UU.
La nueva regla de la Administración Biden se asimila a la de Trump. ACLU y los otros grupos han recordado que durante la campaña electoral Biden prometió restaurar el sistema de asilo, pero sin embargo consideran “ha duplicado las crueles restricciones de su predecesor”.
Según los demandantes estas reglas “operan tal como lo hicieron las vedas de asilo del gobierno anterior”.
Al respecto Katrina Eiland, abogada del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU, dijo en un comunicado que la nueva prohibición de la administración Biden pone en grave peligro a los solicitantes de asilo vulnerables y viola las leyes de asilo de Estados Unidos.
“Hemos recorrido este camino antes con Trump, las prohibiciones de asilo eran crueles e ilegales entonces, y nada ha cambiado ahora”, agregó.
La demanda busca “un retorno por parte del gobierno al proceso legal, lo cual significa que, cuando una persona llega a un puerto de ingreso o cruza (la frontera) entre esos puertos, tiene el derecho de pedir asilo y que de que se escuche su caso”, explicó Eiland.
Las medida impuesta por el Gobierno Biden y la aplicación de las leyes migratorias tras el fin del Título 42 en mayo pasado, que permitía la expulsión inmediata de migrantes por razones sanitarias, ha logrado una disminución en las detenciones en la frontera suroeste del país.
En junio pasado, el primer mes completo desde que se implementaron las medidas, el número de detenciones cayó a los niveles de febrero de 2021 con 99.545 migrantes detenidos, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).
